Rúbricas XIII Derechos humanos en Puebla 13 Lejos de lograr la progresividad de los derechos humanos de las mujeres en Puebla, principalmente del derecho a una vida libre de violencia mediante la reducción de las violaciones a derechos humanos y la adopción progresiva de medidas tendientes a disminuir su impacto, el fenómeno de la violencia en Puebla va en aumento, lo que se conjuga con la violación del derecho al acceso a la justicia, que coloca a las mujeres en situación tanto de vulnerabilidad frente a la inexistencia del restablecimiento de sus derechos mediante la adecuada investigación de las violaciones, sanción de los responsables y reparación del daño, y a la revictimización como una forma de duplicar la violencia (IDHIE, 2017: 197). La conclusión anterior puede corroborarse al observar la alta proporción de mujeres poblanas casadas o unidas maltratadas a lo largo de su relación. Así, en el año 2011 se ubican en octavo lugar nacional, con 575,429 mujeres (IDHIE, 2017:107); 435,696 mujeres casadas o unidas reportaron haber vivido violencia durante el periodo octubre 2010-diciembre 2011 (IDHIE, 2017:111); 154,146 sufrieron violencia en el noviazgo, es decir, 37 mujeres de cada 100 (IDHIE, 2017:119); se reportaron 410 posibles feminicidios durante el periodo 2010 al 30 de mayo de 2017 por el Observatorio de Violencia Social y de Género (IDHIE, 2017:129). A pesar de los altos índices de violencia señalados, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) únicamente reportó el ingreso de 17,095 denuncias por violencia familiar contra mujeres durante 2013-2016; 284 denuncias por homicidios dolosos contra ellas durante 2010 a julio de 2016, de las que sólo en el 22.5% se ejercitó acción penal por feminicidio, es decir, en 64 denuncias; 414 denuncias por el delito de trata de personas, 3,640 por violación sexual, 201 por hostigamiento sexual, 582 por acoso sexual y 1,244 por el delito de estupro, todas durante el periodo 2010-2016 (IDHIE, 2017: 117-139). Si bien las denuncias por delitos contra mujeres muestran altos índices de violencia, éstos son bajos en comparación con las 575,429 mujeres que manifiestan haber vivido violencia a lo largo de su relación, o bien con las 435,696 casadas o unidas que reportaron haber vivido violencia durante el periodo de octubre de 2010 a diciembre de 2011; esto refleja tanto un bajo índice de denuncias por violencia contra las mujeres en sus distintos tipos y/o modalidades, como una asimetría entre la violencia contra las mujeres y su acceso a la justicia para el restablecimiento de derechos. La misma situación se observó en los datos reportados por la Secretaría de Educación Pública del Estado, donde de 130 alumnas que fueron víctimas de maltrato físico y/o actos inmorales por parte de autoridades escolares durante el periodo de 2011 a septiembre de 2016 (prevaleciendo los actos inmorales en contra de 90 de las estudiantes, seguido del maltrato físico contra 40 de ellas), sólo en 14.8% de las sanciones a las autoridades escolares se impuso el cese en sus labores, mientras que la mayoría sólo fue sancionada con nota mala; medida que manda un mensaje de tolerancia estatal a la violencia escolar y, por ende, fomenta su repetición (IDHIE, 2017: 154-157). En el mismo sentido, el referido diagnóstico recoge, a partir de datos del INEGI, una serie de obstáculos a los que las mujeres se enfrentan para denunciar la violencia ejercida en su contra; esto mantiene la violencia en la impunidad, fomentando su repetición y agravamiento. Dichos obstáculos van desde factores familiares, culturales y de género, como la naturalización y permisibilidad de la violencia, el estigma familiar y comunitario, la influencia familiar en la decisión de denunciar, el temor a represalias por parte del agresor, hasta el desconocimiento de las vías jurídicas para el ejercicio y defensa de sus derechos y, finalmente, la desconfianza en las autoridades (IDHIE, 2017: 109-110).2 Pero otros obstáculos más se detectaron en la actuación gubernamental, los cuales impiden el pleno y efectivo acceso a la justicia, destacando que, de las quejas por violaciones a derechos humanos presentadas por mujeres ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la violación al acceso a la justicia ocupa el segundo lugar (IDHIE, 2017: 145). 2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2013, Panorama de violencia contra las mujeres en Puebla, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. ENDIREH, 2011: 19.
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