48 Esta exterioridad de la reglamentación estatal, si desde el punto de vista de las instituciones oficiales genera problemas en términos de medición estadística y recaudación fiscal, para los trabajadores implica, a menudo, un obstáculo al acceso de protección y seguridad sociales. En efecto, los sistemas del Estado social, conformados a partir de la mitad del siglo pasado, se basan en un mecanismo de acceso a los servicios sociales vía el trabajo formal, es decir, que el trabajo formal representa el requisito para obtener el acceso a ellos (Bustelo, 2005: 170). Esta situación genera una desprotección de los trabajadores no sólo con respecto a sus relaciones laborales al interior de la producción, sino también con respecto al acceso a medidas de protección y seguridad social. Las voces organizadas de los trabajadores ocupados en estas condiciones, como en el caso de Argentina, están avanzando propuestas de extensión de las medidas del Estado social a las personas empleadas en la informalidad, como intento de superar mecanismos de redistribución, organizados alrededor de una noción de trabajo que no corresponde a las estructuras productivas de los países latinoamericanos. Sus reivindicaciones no se dirigen principalmente a la eliminación de la condición de informalidad de su trabajo, sino a la eliminación de la informalidad como criterio de exclusión del acceso a los servicios sociales y a la seguridad social. Conclusiones Con base en la literatura y debates presentados en este capítulo, se reconoce que los casos de estudio de la economía social y solidaria o popular analizados pertenecen a este panorama plural de actores de la sociedad civil, que en la era neoliberal han tomado protagonismo en implementar respuestas locales para satisfacer necesidades inmediatas de las personas, ante el debilitamiento de las medidas del Estado social y la imposibilidad de acceder al mercado laboral bajo formas de empleo que, aunque no necesaria-
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