Manahuia/Mayo 2023 Hoy sabemos que lo que inició como un planteamiento presidencial de mando militar fue atajado en el proceso de reforma constitucional elevando a este rango un mando civil para la Guardia Nacional y, en consecuencia, su adscripción a la secretaría del ramo: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. No obstante, pese al amplio consenso legislativo de principios de 2019, apenas unos meses de haber iniciado la administración lopezobradorista, el presidente empujó en el segundo semestre de 2022 una reforma secundaria -no teniendo la fuerza parlamentaria necesaria para que fuese constitucional- a fin de trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), transgrediendo el texto constitucional e insistiendo en la formulación original. Así lo confirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 18 de abril, invalidando la transferencia de la nueva corporación de seguridad a la secretaría mencionada. En paralelo a este periodo en el que en un mismo sexenio pasamos de diseñar una institución civil a conformar un cuerpo militar más, se legalizó la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública primero hasta 2024 y luego hasta 2028, esto último con la introducción de mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas y supervisión que, precisamente, la segunda entrega del trabajo de investigación “Ejército Espía” sostenida en documentos de la Sedena filtrados por el colectivo Guacamaya, ha puesto a prueba. En medio de este intervalo y dejando de lado la discusión que sigue pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad del traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena y la permanencia hasta 2028 de las Fuerzas Armadas en las calles, lo que diferentes espacios de la sociedad civil y el periodismo han documentado es una acumulación progresiva de encargos, responsabilidades y presupuesto en manos de estas, es decir, una expansión del poder y la presencia militar en la vida pública, con independencia de lo ocurre en el campo de la seguridad De acuerdo con el Inven tario Nacional de lo Militarizado elaborado por un equipo de investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas, desde 2006 más de 200 funciones que ejercían instituciones civiles han sido transferidas al Ejército y la Marina, la mitad de las cuales se han trasladado durante el sexenio de López Obrador, entre ellas -por su magnitud-, la construcción de obras prioritarias como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y las sucursales del Banco del Bienestar; el control de puertos y aduanas; la contención de migrantes; la entrega de programas sociales; la instalación y administración de viveros; y la distribución de insumos médicos y libros de texto. Más recientemente, en un polémico cierre de trabajo legislativo, la Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaron en menos de una semana que la Sedena reciba el 80% de los recursos que ingresan al Estado por concepto de derechos turísticos; la autorización a la misma dependencia para crear y operar una nueva línea aérea comercial, así como para administrar el espacio aéreo; y la incorporación de la Secretaría de Marina (Semar) y la Sedena a la junta de gobierno del organismo que sustituirá al Conacyt. Por lo que toca al presupuesto, la organización México Unido Contra la Delincuencia reporta que entre 2006 y 2021, antes de que se sumara de facto la Guardia Nacional a la Sedena, los recursos de esta secretaría crecieron 163%, en tanto que tan sólo en un año, de 2020 a 2021, el presupuesto de la Semar se incrementó en un 393%. La realidad y los datos están allí: más facultades, más presencia, más dinero. En suma, un poder, de suyo fáctico, más fortalecido. ¿Tiempo de tormenta(s)? Regresando a Zibechi, el pliegue de las tormentas es resultado de un patrón global de acumulación de poder por la vía del despojo y la depredación que deriva en muerte y destrucción. Desde esta perspectiva sistémica importa que nos preguntemos por el sentido del proceso creciente de militarización en nuestro país y la ideología militarista que le acompaña, reproduce y protege. ¿A qué responden los nuevos roles estructurales que registran las Fuerzas Armadas en México? ¿Vistos los efectos de la militarización de la seguridad pública en materia de derechos humanos en los últimos 16 años, qué nos puede deparar con un poder militar empoderado y con mayor protagonismo en otros espacios de la vida pública? ¿Es posible construir democracia más allá del momento electoral con un poder fáctico tan robustecido? La investigación “Ejército Espía”, vista como punta del iceberg del poder militar, ha puesto en evidencia que sin facultades legales para intervenir comunicaciones, el Ejército generó un reporte sobre las comunicaciones privadas de un defensor de derechos humanos que fue hecho del conocimiento del titular de la Sedena con el fin de interferir en sus investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Si esto no lo sabía el presidente López Obrador, grave; pero si sí lo sabía, grave también, pues en uno y otro supuesto, lo que parece prevalecer es la racionalidad militar sobre la racionalidad civil en la toma de decisiones políticas que, sin controles efectivos, impide el más mínimo ejercicio de rendición de cuentas. De modo inesperado y a paso firme, las relaciones cívico-militares en México se han trastocado de manera profunda en beneficio de las instituciones castrenses -al menos de sus élites- en el sexenio que prometía acotar el protagonismo militar. Los próximos años serán decisivos para saber si la ecuación se invierte por completo en favor del poder castrense.
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