Manahuia/Mayo 2023 Militarización y militarismo: nubarrones de tormenta Roberto Alonso “Son múltiples y son simultáneas. Son tormentas ambientales, militares, políticas, paramilitares, económicas, feminicidas.” Raúl Zibechi Sobre la expansión del poder militar se ha escrito recurrentemente en los últimos años. No es para menos, pues poco se veía en el horizonte político un escenario de esta naturaleza con un gobierno que no sólo guardaba distancia ideológica del régimen que se dispuso cambiar, sino que explícitamente trazó como ruta el regreso del personal castrense a sus cuarteles. Sobre lo que se reflexiona poco es acerca del trastocamiento del (des)orden social a partir de este ensanchamiento, de la perturbación que genera en un sistema democrático de suyo debilitado y de la adversidad que supone para la vigencia de los derechos humanos. Este artículo busca aportar a lo segundo, asumiendo que la alteración en cuestión se ha ido configurando como una preocupación de cara al futuro inmediato, uno en el que las Fuerzas Armadas se van consolidando como un poder fáctico en la escena nacional. Algo no previsto en el guion y que, sin embargo, será sin duda uno de los legados fundamentales de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Las manifestaciones ocurridas en más de 20 ciudades el pasado 12 de marzo, en las que militares en retiro y activos, junto a familiares y simpatizantes, salieron a las calles a protestar por la acusación hacia cuatro soldados detenidos por su participación en la ejecución de cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, exigiendo el restablecimiento del fuero militar, son reflejo del peligro de este poder fáctico. No por sus números y el logro de su cometido, como por la sola reivindicación en el espacio público de demandas de impunidad contrarias a la noción más elemental de justicia de un Estado democrático de derecho. “Al soldado no se toca ni golpea, se respeta”, se podía leer en una pancarta sostenida por una mujer afuera de la VI Región Militar en Puebla capital, acompañada por dos menores de edad ataviados con indumentaria militar, uno de ellos con un arma de juguete en sus manos. Junto a esta inquietante expresión, el caso de espionaje al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos mediante el uso del malware Pegasus, recientemente difundido por una alianza de medios informativos (Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso) y organizaciones especializadas de la sociedad civil (Artículo 19, R3D y SocialTIC), puede ayudarnos a dimensionar los nubarrones de tormenta que podrían estar acechando nuestro entorno de libertades y derechos. Nubarrones que han encendido alertas sobre la posibilidad de que en México se estén sentando las bases para un Estado militar. “El espionaje del ejército mexicano genera temores de un ‘Estado militar’”, tituló The New York Times su reportaje en español sobre el uso de herramientas de vigilancia contra Ramos, quien al frente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha documentado en los últimos 20 años abusos de las Fuerzas Armadas en Tamaulipas, entre ellos usos excesivos de la fuerza y, concretamente, presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares en julio de 2020. ¿De qué estamos hablando? El poder militar emerge en nuestra actualidad con dos cabezas
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