— 97 — Algunas de estas consideraciones y otras de enorme importancia, han sido incorporadas a una propuesta de reforma constitucional que resultó de una serie de foros y consultas impulsadas por el INPI entre junio de 2019 y enero de 2021. Un Comité Técnico de Expertos integró el documento que, de acuerdo con el INPI, ha sido sometido a una serie de consultas en asambleas populares en buena parte del país durante junio y julio de 2021 y que habrá de entregarse al presidente para que éste la presente como iniciativa de ley (INPI, 2021). Aunque es un documento que deberá ser sometido a debate en el Poder Legislativo federal, su eventual aprobación podría impactar de manera determinante la forma en que se relaciona el Estado con los pueblos originarios y afromexicano. Se trata de una propuesta que pretende establecer las bases para transitar hacia un auténtico Estado pluricultural en el que se integran, entre otras, las demandas más relevantes sobre el derecho a la autodeterminación, la creación de municipios indígenas autónomos, las implicaciones jurídicas del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, el reconocimiento efectivo de sus derechos territoriales, la elevación a rango constitucional del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre, informado; así como las demandas relativas a la institución de la educación indígena (INPI, 2021). Una futura evaluación de la segunda mitad de la administración federal en curso nos dirá si, finalmente, hubo la voluntad política para impulsar la reforma constitucional y si, ésta, ha sido suficiente para dar pasos hacia la construcción de un México auténticamente respetuoso de la pluriculturalidad y los derechos indígenas. No resulta apresurado afirmar que, con esta reforma constitucional, se pone en juego la posibilidad de transitar de la alabanza ritual hacia el respeto efectivo del derecho a la libre determinación de los pueblos originarios. Conclusiones Al concluir la primera mitad del sexenio, podemos constatar que las grandes expectativas que despertó el presidente Andrés Manuel López Obrador en los pueblos indígenas, desde los actos simbólicos del inicio de su periodo de gobierno, se han visto mermadas. Las políticas de gobierno no han dado prioridad a las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas como lo prometió, sino a proyectos de infraestructura turística y comercial que ponen en riesgo sus territorios. Observamos, como líneas definitorias de los tres primeros años de gobierno, las siguientes: 1. Las políticas públicas respecto a los indígenas se han diseñado desde una lógica asistencialista, focalizada en la disminución de la pobreza. En este sentido, no se evidencia una novedad frente a las políticas de los tres sexenios anteriores. El éxito de esas políticas, en el mejor caso, podrían indicar mejoras en el combate de la pobreza o el rezago en algunos servicios, pero eso no debe confundirse con un cambio sustancial en la forma de relacionamiento del Estado con los pueblos indígenas.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTY4MjU3