— 93 — el hecho de que, con la mayoría por parte de Morena en las cámaras del Congreso (el partido que llevó a López Obrador a la Presidencia de la República), no hubiera sido posible el desarrollo legislativo del derecho a la consulta si hubiese habido la voluntad política proclamada en el plan. Actualmente existe un proyecto de ley sobre esta materia en el Congreso; el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados en el mes de abril de 2021, pero aún espera por la aprobación del Senado. La ausencia de una Ley de Consulta ha tenido implicaciones importantes. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó 10 artículos de la Ley General de Educación que entró en vigor en septiembre de 2019 bajo el argumento de que, tratándose de normas relativas a educación indígena e inclusiva, es una exigencia constitucional que previamente se consulte sobre su contenido a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicana. Esta resolución fue producto de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Llama la atención, sin embargo, el contraste entre la eficacia de esta acción del ombudsperson contra la Ley General de Educación, y la ineficacia de acciones análogas frente a proyectos de desarrollo de infraestructura cuya ejecución tampoco ha sido previamente consultada. Claramente se anticipa el riesgo que puede representar la existencia de una Ley de Consulta que sea utilizada instrumentalmente y de manera selectiva, para legitimar algunos proyectos y acciones gubernamentales y bloquear otros que se aparten de sus objetivos. Regresando al análisis del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas, igualmente, luce marginal la referencia en el numeral 5.4.6 del plan, a la línea de acción para “Fortalecer las instituciones comunitarias para el autogobierno” (40). En los hechos, definitivamente tampoco ha sido esa una tarea prioritaria durante los últimos años. Como referencia podemos mencionar los obstáculos que han enfrentado las comunidades de Chilón y Sitalá en el estado de Chiapas en su búsqueda por el reconocimiento a sus mecanismos tradicionales para el nombramiento de autoridades locales. Las comunidades organizadas propusieron la suspensión de las elecciones en ambos municipios, de manera que se dieran pasos hacia la vigencia de las formas de organización social y política propias; sin embargo, las autoridades estatales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, bajo el argumento de la legalidad y los procedimientos formales, sencillamente han postergado este importante reclamo popular para el ejercicio del derecho a la autodeterminación (Mendoza, 2021). La ruta sinuosa del Tren Maya El Tren Maya es uno de los proyectos principales del actual gobierno mexicano, junto con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas y el Corredor Transístmico en el Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, este proyecto ha sido uno de los temas polémicos de la actual administración. Por un lado, es parte de la propuesta del gobierno para sacar de la marginalidad al sureste mexicano y a los pueblos indígenas
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