— 92 — y líneas de acción del plan. Para su instrumentación, el primer objetivo específico propone la creación de 133 Centros Coordinadores de los Pueblos Indígenas y la creación de los Consejos Regionales previstos por el artículo 21 de la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Esto es relevante porque se trata de las instancias oficiales con las que se pretende formalizar la interlocución, limitando a las comunidades organizadas la posibilidad de dialogar de manera directa. El segundo objetivo es muy explícito en cuanto al enfoque desarrollista del plan. Aunque procura incorporar conceptos como sostenibilidad, perspectiva de género y justicia, es evidente que el eje articulador de la estrategia es el crecimiento económico, basado en el impulso de proyectos productivos, el impulso del comercio, la creación de empresas o el acceso al crédito. No es que estos propósitos sean inconvenientes en sí mismos, pero es importante notar que la prioridad no es el respeto a la cultura y a la libre determinación, ni la preservación del hábitat en los territorios indígenas, sino el crecimiento económico, como si este fuera la panacea de la reivindicación de los derechos indígenas. El tercer objetivo define las líneas de acción en materia de desarrollo de la infraestructura eléctrica, de agua potable, caminos, de saneamiento, drenaje y alcantarillado, así como para la creación de una red de radios comunitarias y servicios de telecomunicaciones. Respecto a los demás objetivos enunciados en el plan, sin la pretensión de ser exhaustivos, destaca el hecho de que las líneas de acción en materia de fortalecimiento de las prácticas en ejercicio de la libre determinación, de defensa territorial o de consulta de pueblos sobre proyectos y planes de desarrollo, son marginales e imprecisas. Por ejemplo, la línea de acción 5.4.2 propone: Asesorar y coadyuvar en casos estratégicos de defensa de los derechos de: a) Autonomía y reconstitución de los pueblos; b) Tierras, Territorio y Recursos Naturales; c) Ejercicio de los Sistemas Normativos Indígenas; d) Protección y conservación de la biodiversidad y el medio ambiente… (38). No obstante, parece obviarse que los más importantes proyectos de intervención en las comunidades de pueblos originarios y sus territorios son precisamente implementados por las instituciones de la Federación y de los estados, de modo que resulta claramente contradictorio que se pretenda asesorar a los indígenas para defender sus derechos frente a los intereses de sus asesores. De hecho, dos de los temas más sensibles en materia de la relación de los pueblos indígenas con el Estado a lo largo de la primera mitad del sexenio en curso, son precisamente responsabilidad de la Federación; nos referimos al proyecto del Tren Maya y a la omisión legislativa sobre el derecho a la consulta. Podría argumentarse que la labor legislativa es ajena a las funciones ejecutivas que corresponden al Plan Nacional que estamos analizando, pero sería ingenuo desconsiderar
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