— 81 — 14) ha reportado un aumento de los presuntos delitos de feminicidios en 2019 (945) y en 2020 (948), mostrando mayores números con respecto al histórico reportado en el último quinquenio y a los planteados en las metas del PROIGUALDAD 2020-2024. Algo escapa entonces a las respuestas que a la fecha ha dispuesto el gobierno para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, algo sucede en esa realidad que tal vez puede ser bien comunicado por las jóvenes feministas en movimiento que perciben los puntos ciegos del sistema desde una mirada exigente sobre las posibilidades de la democracia. Conclusiones El actual ciclo de movilización feminista en México se caracteriza por una denuncia contracultural de las estructuras androcéntricas que abreva de y eleva las apuestas de pasados ciclos de movilización feminista, un grito que es canalizado mediante una ciudadanía activa que se pronuncia sobre lo que le resulta urgente y que vigila y da seguimiento a las acciones del gobierno (tanto a nivel formal como en expresiones informales). Es notorio que los nuevos colectivos han consolidado el affidamento como práctica de identidad y con base en él sustentan su resistencia frente a las instituciones y tejen redes de apoyo y reclamo. Con ese discurso y práctica han logrado poner en el centro de la agenda de Estado y de la opinión pública a la situación de las mujeres en el país. En efecto, pese al contexto de machismo prevaleciente y enfrentando sus temerarias reacciones, ellas han resaltado las violencias que las agreden, los espacios de poder que les son negados o habilitados y la agenda de acciones pendientes requeridas para salvar la brecha que las pone en lugares de subordinación y/o vulnerabilidad. De hecho, el affidamento parece convertirse en la fórmula con la que ellas están construyendo espacios seguros en un contexto que, diagnosticado por preocupantes cifras, habla de altísimos riesgos de vulneración para las mujeres acrecentando su percepción de inseguridad. Por otra parte, a lo largo del análisis hemos podido constatar que la relación de este movimiento no ha sido armónica ni complaciente con las actuales autoridades estatales —que cabe reconocer cargan aún con la inercia de la pasividad y simulación de actuación en estas áreas por parte de anteriores administraciones—: el movimiento ha puesto al gobierno de la 4T a dar cuenta de sus acciones y planes para combatir una situación delimitada como de crisis por sus síntomas. Sin duda esta interpelación favorece el fortalecimiento de la democracia en el país y el avance a mayor velocidad hacia sociedades seguras para las mujeres. El mayor riesgo se encuentra hoy en un cierre a este diálogo tenso pero productivo, una clausura que descalificaría de nueva cuenta a las mujeres como actores de lo político y que alentaría a las banderas antifeministas enquistadas en programas sociopolíticos reaccionarios que pueden buscar retrocesos en los derechos ya conquistados por y para ellas.
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