— 80 — del 2020; Xantomila y Gómez, 29 de septiembre del 2020), se hicieron más frecuentes. Analizando esta acción, Amnistía Internacional (2021) señaló en 2021 que, con un diagnóstico realizado a partir de testimonios de mujeres participantes de estas formas de resistencia, la movilización feminista ha comenzada a ser estigmatizada como violenta por las autoridades mexicanas, lo cual ha originado ambientes hostiles hacia su reunión y activismo, y usos innecesarios y excesivos de la fuerza. Una muestra simbólica importante de esa distancia fue la disposición anticipada de vallas metálicas que tenían como finalidad proteger la fachada del Palacio Nacional —en su calidad de patrimonio histórico— de posibles daños que pudieran tener lugar durante la marcha del 8 de marzo del 2021. Varias organizaciones feministas decidieron intervenir en esas paredes de protección desde el 6 de marzo y escribieron en ellas los nombres de víctimas de violencias basadas en el género (La Jornada, 6 de marzo del 2020). Con ello los colectivos parecen dar la señal de que no bajaran la interpelación hacia el Estado y que su crítica se mantendrá en pie más allá de las respuestas inmediatas que logren. Pues bien, poniendo en la balanza las acciones retomadas en estas tres dimensiones se hace notoria que para la mitad del periodo del gobierno de la 4T se ha establecido una relación en tensión entre las autoridades estatales y los grupos feministas en movilización. Aunque el tratamiento técnico recogido en la primera dimensión podría darnos un parte de tranquilidad sobre las proyecciones y ánimos institucionales, y da muestra de la institucionalización de la perspectiva de género en la planeación y actuación estatal, no sucede lo mismo cuando lo analizamos junto con los sucesos recogidos en las dimensiones 2 y 3. Este comportamiento nos indica que, con miras a manejar la situación de crisis y fortalecer la democracia en términos de ciudadanías activas, resulta fundamental que el Ejecutivo federal muestre mayor cercanía, apertura y empatía con los movimientos feministas de base —tal y como lo hizo en el inicio de su periodo—, comprendiendo la legitimidad de sus reclamos y, todavía más, ejemplificando con ello cuán importante resulta que se escuche las voces de actores a quienes históricamente no se les ha visto como interlocutores válidos en el mundo público-político. Los retos contraculturales lanzados por las nuevas generaciones de feministas no parecen solucionables mediante una perspectiva de género institucionalizada y cooptadora de resistencias. Mientras tanto, la tensión crece ante las cifras de violencia contra las mujeres reportadas a corte de 30 de junio del 2021: la CNDH reportó que, con base en los 9 dictámenes publicados a esa fecha de los informes de cumplimiento de Alerta de Violencia de Género —estando 22 de estos instrumentos activos y cubriendo 59.37% del territorio mexicano—, del total de las 180 medidas establecidas en las declaratorias de Alerta, “el 26.6% se consideraron no cumplidas, […] el 17.2% fueron parcialmente cumplidas, el 49.4% son medidas que se encuentran en proceso de cumplimiento y apenas un 6.6% son medidas cumplidas” (2021: 26). Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2021:
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