— 77 — Obrador, quien expresó la importancia de evitar el manejo de la situación con la fuerza pública y su reconocimiento a la legitimidad de la protesta (Presidencia, 19 de agosto del 2019). Pese a ello, las manifestaciones continuaron y ya no sólo en Ciudad de México ni en forma de marchas. Para inicios del 2020, entre los métodos de resistencias de los movimientos feministas se incluían obras de arte itinerantes, difusión de las antimonumentas y cánticos que transmiten una indignación nada pasiva. Pero dos hechos más sofocarían la paciencia de los colectivos: a) la controversia originada por la propuesta presentada el 4 de febrero por la Fiscalía General de la República de modificar el tipo penal de feminicidio por las dificultades que éste implicaba para las fiscalías en la investigación y judicialización de los casos; y b) las transgresiones exacerbadas que se cristalizaron en los feminicidios de la joven Ingrid Escamilla (9 de febrero) y en el de la niña de 7 años Fátima Antón (11 de febrero). La movilización en ascenso dejaba en claro la ciudadanía activa de sus participantes, esto es, vigilante de las acciones formales e informales de las autoridades y exigente en lo que se debe hacer desde las instituciones para garantizar la vida de las mujeres. La exigencia resultaba mayúscula y no daba espera. ¿Cómo ha respondido la 4T a tales llamados específicos relacionados con la seguridad de las mujeres? Herencias y cuentas pendientes del gobierno de la 4T con el reclamo feminista por la vida de las mujeres El 14 de febrero del 2020 mujeres feministas se manifestaron frente a Palacio Nacional exigiendo que el presidente se pronunciara en la conferencia matutina sobre los asesinatos contra las mujeres y el grave problema social que significan los feminicidios en México. En ese espacio, en el que también fue interpelado por periodistas sobre las acciones concretas adelantadas, el presidente señaló que no mantendría en su gobierno “la política del avestruz” para atender a los requerimientos (Muñoz, 14 de febrero del 2020; Presidencia, 14 de febrero del 2020). Esta respuesta bien sabemos implica, por una parte, tramitar una deuda acumulada por el Estado mexicano en la prevención, atención, judicialización y trámite de las violencias que sufren las mujeres en este territorio y que tiene como expresión más gravosa al feminicidio. La deuda tiene como base una cultura machista extendida que permea tanto las relaciones cotidianas como al trato estructural secundario entregado a esas transgresiones por las autoridades e instituciones. Pero, por otra parte, tal respuesta demanda asumir el grado de crisis que dejan entrever las formas de violencia contra las mujeres percibidas, violencias que son denunciadas por las colectivas feministas bajo el entendido de que la omisión del Estado ha permitido su profundización. Así pues, sabiendo de la complejidad que supone desarticular un problema estructural como el que enfrenta aquí el gobierno de la 4T, pongamos en el balance tres dimensiones de su actuación para valorar la asertividad de sus respuestas:
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