— 62 — Fortalecimiento de las fiscalías. Es necesario consolidar los planes de persecución penal a escala nacional y estatal, el diseño de una política criminal, de priorización de casos y estrategias para focalizar esfuerzos y lograr la judicialización efectiva de determinados fenómenos delincuenciales. La justicia no puede ser simulada ni satisfecha con “verdades históricas” y “falsos culpables”. La investigación, captura y enjuiciamiento deben recuperar condiciones de fiabilidad, técnicas de investigación, análisis de redes y estructuras criminales, así como fiscales y equipos interdisciplinarios en investigación. Pero, sobre todo, revertir la impunidad prevaleciente de los fenómenos más graves y apremiantes como la desaparición forzada, la tortura o los feminicidios. Reforma policial. El paradigma de control y militarización debe transitar hacia uno de seguridad ciudadana. Esto implica lograr una reforma y la profesionalización de las policías, asegurar los recursos para equipamiento, modernización tecnológica e incremento de la fuerza operativa, los cuales deben estar acompañados de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, tanto internos como externos, y controles democráticos de las corporaciones. Es necesario modificar la lógica de relación con la sociedad y el entorno, desmilitarizar la operación policial y la seguridad para vincular a las policías con las comunidades, poniendo énfasis en el plano local y comunitario. Combate a la impunidad y controles democráticos. La actual crisis de seguridad e impunidad se debe no sólo a la estrategia de militarización de la seguridad pública, sino a la responsabilidad de las distintas estructuras del Estado en la generación de capacidades institucionales en los diversos ámbitos, desde las policías municipales, su equipamiento y profesionalización, condiciones de estabilidad laboral y seguridad social. El cambio de paradigma de seguridad que abandone la concepción militarista es imprescindible y debe ser impulsado a pesar de la tentación autoritaria de seguir empleando al Ejército como la solución. Una trasformación fundamental debe ser la sujeción real del mando militar al civil, el retorno a los cuarteles y finalizar el ciclo de impunidad con el que han sido favorecidas las Fuerzas Armadas en los últimos años. Hay otras demandas particularmente sensibles: fortalecer la búsqueda y protección de personas desaparecidas, la investigación de delitos con perspectiva diferenciada y en contexto, como en el caso de los feminicidios, y la operación y funcionalidad de servicios periciales y forenses. En todas ellas, se requiere la construcción de un puente de diálogo con las víctimas si se apuesta al funcionamiento adecuado de las instituciones públicas. Las autoridades de la Cuarta Transformación aún conservan la legitimidad del proceso de elección democrática. Mantener esa condición implica que, ante la magnitud y gravedad de los tiempos y la violencia dominante, actúen con responsabilidad de Estado y coloquen a las víctimas en el centro de la actuación del poder político. Por ello, las reformas en materia de seguridad y justicia deben ser diseñadas desde, para y con las personas, familias y colectivos que han sufrido la violencia, garantizar acciones que aseguren verdad y justicia y les reconozcan su dignidad. Es el tiempo de las víctimas. Sólo con ellas se podrá recuperar el sentido de un Estado democrático y de derecho.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTY4MjU3