— 59 — En enero de 2020 se anunció una serie de propuestas en materia de seguridad y justicia, supuestamente impulsadas por la Fiscalía General de la República, centradas en darle mayores capacidades, ampliar el régimen de delincuencia organizada, reintroducir el arraigo, establecer jueces designados por el Senado en una jurisdicción especializada para jueces federales, entre otras. Este paquete de iniciativas generó una serie de cuestionamientos desde las organizaciones de la sociedad civil y la academia. Posteriormente, y para atajar las críticas, el presidente López Obrador anunció que el Poder Ejecutivo enviaría una iniciativa para mejorar el sistema de justicia y la seguridad, lo que fue refrendado por la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien manifestó en el acto de conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917 que no habría cabida a reformas regresivas en materia de derechos humanos. Una semana después, el presidente de la Suprema Corte, presentó una propuesta de reformas enfocada en la transformación orgánica del Poder Judicial de la Federación, la que fue recibida de forma positiva. Sin embargo, esta serie de propuestas en materia de seguridad, procuración de justicia y del sistema penal no han sido presentadas al Senado y se desconoce su contenido. En su modelo ideal, los sistemas de justicia tienen un propósito de reparación y de equilibrios en la sociedad. Sin embargo, históricamente su funcionamiento se alejó de las víctimas, uno de los actores centrales en los procesos judiciales. Relegadas a un papel de observadoras, debieron esperar mucho tiempo para ser escuchadas. En el moderno derecho penal se entendía que al suprimir los conflictos privados y monopolizar el uso de la violencia y el sistema de justicia, el Estado representaba sus intereses. Las reformas pendientes afirman que es necesario fortalecer las capacidades del Estado, particularmente de la fiscalía, para ser más eficaz. Sin embargo, ¿las víctimas quieren fiscalías robustecedoras en sus facultades? No es seguro. De hecho, muchos movimientos de familiares, como los de personas desaparecidas o las víctimas de tortura tienen una opinión desfavorable hacia las facultades amplias de las fiscalías y su desempeño. Desde la academia se han propuesto de modelos de justicia transicional, considerando las graves de violaciones de derechos humanos y las estructuras arraigadas de impunidad. Esto conduce a colocar los énfasis de la reflexión entre la verdad o la justicia y a analizar la experiencia comparada; sin embargo, ¿qué es lo que quieren las víctimas en México? Reconocer la necesidad de colocarlas en el centro de la definición de cualquier política y ajuste al sistema de justicia es una condición imprescindible, no sólo como expresión de legitimidad política o de buena voluntad, sino como un elemento de construcción con y desde las personas cuyas vidas han sido afectadas por el delito o las violaciones de derechos humanos. La voz de las víctimas suele ser, desafortunadamente, la menos escuchada en los procesos sobre seguridad y justicia. Pensemos en Minerva Bello Guerrero, madre de Everardo Rodríguez, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, quien falleció sin haber recuperado a su hijo. O Martha Camacho, quien después de 44 años
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