— 57 — Salvador Cienfuegos, con la Secretaría de Gobernación, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes solicitó que los integrantes del Ejército declararan ante la Procuraduría General de la República, a lo cual se opuso el secretario de la Defensa. En una entrevista en Televisa ante el periodista Santos Mondragón —inédita por el perfil discreto de los militares—, Cienfuegos señaló que no estaba dispuesto a que “gente desconocida, que no son mexicanos, interroguen a mis soldados […] No puedo permitir que los traten como criminales” (Seguridad, Justicia y Paz, 2015). Ciro Gómez Leyva (2016) reseñó que el general secretario planteó que renunciaría si los “extranjeros” del GIEI interrogaban a los militares que habían estado activos en Iguala en 2014. De forma reciente, la noticia de su detención en Estados Unidos derivada de una investigación por nexos con grupos delictivos, generó expectativas sobre el fin de la impunidad de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, tras activar el aparato diplomático para solicitar al gobierno estadounidense su retorno bajo un esquema de repatriación y no de extradición, y sin mayor investigación, la Fiscalía General de la República anunció el no ejercicio de la acción penal. Incluso, López Obrador minimizó y descalificó la investigación de las agencias del gobierno de Estados Unidos, poniendo punto final a toda posibilidad de investigar los señalamientos de vínculos con el narcotráfico. Esta impunidad sistemática es un componente significativo de falta de acceso a la justicia en la que las violaciones graves de derechos humanos se ven alentadas, e incluso, se envía unmensaje velado de permisibilidad al no enfrentar consecuencias efectivas de sanción. Distintos casos dan cuenta de este patrón en las últimas administraciones, de las cuales la Cuarta Transformación no parece distanciarse. Casos emblemáticos como el de la familia Almanza, que fue atacada en Tamaulipas, el de los estudiantes del Tec de Monterrey, Javier Arredondo y Jorge Mercado, en que se alteró la escena para simular que habían sido atacados por grupos delincuenciales, o el caso de Israel Arzate, quien fue torturado en un cuartel en Ciudad Juárez para obligarlo a autoinculparse de los homicidios de los jóvenes de Villas de Salvárcar, en el año 2010, ejemplifican esta problemática. De esta manera, las Fuerzas Armadas hacen parte de la violencia e impunidad en un patrón que imbrica autoritarismo, crimen organizado y militarización (Open Society Foundations, 2016). Las tareas otorgadas al Ejército en la administración de López Obrador han trascendido la condición extraordinaria de intervención en materia de seguridad, la que por sí misma es cuestionable por dar continuidad a un modelo de seguridad poco garante de los derechos humanos de la población. Entre estas actividades se encuentran la construcción y eventual administración del Aeropuerto Felipe Ángeles, la construcción de hospitales y de las sucursales del Banco del Bienestar, la administración de puertos marítimos, entre otras. Esto, a pesar de no tener relación con las cuestiones de seguridad a las que fueron incorporadas en pasadas administraciones, lo que pone en evidencia que el poder que han ganado las Fuerzas Armadas en otros ámbitos de la vida pública, así como los amplios espacios y condiciones para obtener impunidad, se han consolidado con la Cuarta Transformación, como lo demuestra el tratamiento del caso del general Cienfuegos.
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