— 56 — y en todo el territorio en tareas de seguridad, de atención a emergencias naturales, problemáticas ambientales y de desarrollo. Desde el gobierno de Vicente Fox, militares en activo y en retiro ocuparon la titularidad de diversas secretarías de seguridad a nivel estatal y municipal. Posteriormente, en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico” en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, los militares exigieron, en voz del secretario de la Defensa Nacional, se les brindara un marco jurídico para su actuación, lo que según Wikileks (2019), incluía la solicitud de declarar la suspensión de garantías en el país. Esta exigencia de generar un marco normativo para legalizar su participación en la seguridad pública cristalizó con la Ley de Seguridad Interior impulsada por el presidente Peña Nieto, la cual sería declarada inconstitucional por la Suprema Corte. El gobierno de López Obrador no sólo ha mantenido esta tendencia de intervención militar en la vida pública, sino que la ha profundizado de una manera preocupante: en el actual gobierno las Fuerzas Armadas en su conjunto, Ejército y Marina, han tomado control de puertos, administración de aduanas o participación en los proyectos emblemáticos del gobierno como la construcción del Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería Dos Bocas o de las sucursales del Banco del Bienestar, entre otras, que, según Infobae (2021), incluyen 30 actividades que amplían las labores de las Fuerzas Armadas en la vida civil, en tareas prioritarias y áreas estratégicas con una alta erogación de recursos públicos. Por otra parte, ninguna de las administraciones federales pasadas en México han superado la inercia de impunidad que ha rodeado a las Fuerzas Armadas por décadas. Los procesos contra militares de rango como Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo fueron por narcotráfico y no por intervención en la política de la “guerra sucia”, además concluyeron con absoluciones en la justicia militar. A pesar de los esfuerzos de activistas y víctimas del terrorismo de Estado, no se avanzó en la investigación sobre violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, aun con la evidencia consistente de su participación en la práctica de “vuelos de la muerte” en Guerrero, ejecuciones, desaparición y tortura como parte de la Brigada Blanca que desempeñó acciones de contrainsurgencia como decisión de Estado (Illiades, 2018). La impunidad en el caso de los abusos militares es reiterada, particularmente en la etapa de presencia en las calles desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Según Human Rights Watch (2020), en el periodo comprendido “entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 4,600 quejas sobre presuntos abusos militares”, particularmente por detenciones arbitrarias, tortura y desaparición forzada. En un reporte de 2014, Amnistía Internacional daba cuenta de un incremento de 600% en una década en las quejas por tortura que involucraban al Ejército. Un ejemplo emblemático de impunidad es la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, situación que enfrentó al secretario de la Defensa Nacional,
RkJQdWJsaXNoZXIy MTY4MjU3