— 55 — tidades académicas. Los transitorios de la reforma constitucional de marzo de 2019 establecieron que la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad sería “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.” A ello se suma el decreto de mayo de 2020, el cual causó la preocupación de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por no contener elementos de verificación de su carácter excepcional y de necesidad, las situaciones en que sería posible la intervención en la investigación de delitos, la supervisión por una estructura civil, o los mecanismos con los que se garantizaría la transparencia y rendición de cuentas (ONUDH-México, 2020). Frente a las críticas que recibió el proyecto presidencial, López Obrador cuestionó a la sociedad civil y al entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a quienes reclamó poner obstáculos a una medida que buscaba atender la crisis de seguridad. Retomando los planteamientos de Marx en las Tesis sobre Feuerbach, cuestionó a las organizaciones no gubernamentales dedicadas al “análisis de la realidad sin transformarla”, conformando una suerte de intelligentsia academicista sin vinculación con el mundo concreto. Por ello, apeló a que los legisladores “escucharan al pueblo” y no a las organizaciones que se dedicaban a “poner trabas” a la Guardia Nacional (López Ponce, 2019). Sin embargo, resulta incuestionable que por su instrucción y formación, así como estructura de mando, la propuesta de corporación de seguridad de la Cuarta Transformación mantiene un alto grado de dependencia y responsabilidad en las Fuerzas Armadas y es incongruente con un modelo de seguridad humana. Si bien el discurso oficial mantiene la crítica a las desigualdades y a la necesidad de transformar los entornos de inequidad y violencia, el esquema de seguridad mantiene una lógica militarizada sin que exista diferencia de los intentos y experiencias de los años recientes en esta estrategia. En este sentido, la militarización ha sido una “herramienta transexenal” para alcanzar los fines del gobierno en turno, en el que la 4T no se aleja de las pautas establecidas por los gobiernos del PRI y el PAN en las últimas décadas (Universidad Iberoamericana, 2020). La militarización de la vida pública y la continuidad de la impunidad Desde hace varias décadas nuestro país asiste a un proceso creciente y continuo de militarización de la vida pública. Las tres últimas administraciones del Poder Ejecutivo federal, emanadas del PRI, PAN y Morena, han mantenido una dinámica de presencia de las Fuerzas Armadas en funciones civiles, incluyendo lo relacionado con las tareas de seguridad. En los años setenta, la denominada Operación Cóndor dio inicio al empleo del Ejército en contra de los cárteles del narcotráfico en la región de Triángulo Dorado. Posteriormente, en los años noventa, las Fuerzas Armadas participaron de forma más amplia
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