— 54 — pasado, los datos oficiales confirmaban esa tendencia, sólo disminuida por un descenso significativo en los meses de octubre y noviembre (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 2020). Lejos de la narrativa triunfalista y simplificante de que la violencia ha comenzado a disminuir, habría que considerar el efecto que ha tenido en estas cifras la pandemia, así como su focalización en enclaves con una situación como Michoacán, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato y Jalisco, que concentran la mitad de las muertes violentas en el periodo de la Cuarta Transformación. Un tema central en el contexto de inseguridad y violencia es el del narcotráfico. Desde la década de los noventa las autoridades llevaron a cabo intentos de trasformación de las instituciones de seguridad en los órdenes municipal, estatal y federal, de corporaciones policiacas hasta secretarías, cambios en la adscripción y mando centralizado, implementación de Bases de Operaciones Mixtas y cuarteles, entre otras. Sin embargo, los resultados no son alentadores: la violencia se incrementa a la vez que se profundiza, mostrando el fracaso de las medidas y la tendencia a la militarización como la fórmula prevaleciente. Ante este escenario, la administración del presidente López Obrador apostó por la creación de la Guardia Nacional como respuesta a la crisis de seguridad y violencia en el país. Durante sus campañas presidenciales y con la creación de una fuerza política, el partido emergente sostuvo que “las fuerzas armadas no deben ser usadas en funciones civiles o para reprimir a los movimientos sociales” (Morena, 2013: 8). En las campañas el presidente insistió en el retiro del Ejército de la seguridad pública como promesa electoral. Tras el triunfo en la elección y en el marco de los foros para la pacificación del país, un primer ejercicio de aproximación hacia las demandas de colectivos de víctimas, López Obrador fue consistente en señalar una causalidad diferente: en su diagnóstico, “la inseguridad y la violencia se han generado por el modelo económico” (Comunicado 63). En la misma línea, Alfonso Durazo, quien se desempeñó como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el primer trienio, sostuvo que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles sería “transitoria” para un retiro progresivo (El Economista, 2018) en el transcurso de tres años (El Universal, 2018), apostando por un proceso de pacificación y de intervención social. Los acontecimientos llevarían a la nueva administración a matizar su crítica a la militarización y ver en la Guardia Nacional una corporación que daría respuesta a la urgente necesidad de pacificación en el país, y ampliar el plazo de permanencia del Ejército en las calles, en una retórica que vinculó a las Fuerzas Armadas y su origen popular como garantía de lealtad y seguridad: “¿por qué teniendo ahí al Ejército, a la Marina, no se utilizaba para darle protección al pueblo?” (EFE, 2020), cuestionó López Obrador ya como presidente al defender la creación de dicha institución. La validación de este proyecto por todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión fue cuestionada por parte de las organizaciones de derechos humanos y en-
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