— 47 — tiras”, descrita antes. El dicho de “yo tengo otros datos”, que López Obrador repite sin cesar frente a estadísticas, reportes e investigaciones que documentan el estado del país y evalúan políticas públicas, va acompañado de la negativa a entregar documentos oficiales que sustenten sus afirmaciones mañaneras a pesar de que la Ley General de Transparencia en su artículo 18 establece que “los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones”, lo que significa que cualquier afirmación o dato que sostenga el jefe del Ejecutivo tendría que estar respaldado en uno o más documentos. No obstante, los documentos en los que se localizan los “otros datos” no están disponibles o son inexistentes. Por ejemplo: a fines del año pasado, el sitio de noticias Animal Político encontró al menos 10 casos en los que el gobierno afirmó no tener datos de los dichos del presidente, incluyendo cifras sobre víctimas de violencia, las pruebas de corrupción en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), las irregularidades en Estancias Infantiles o el número de ‘aviadores’ en administraciones anteriores (Soto, 2020). Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), considera que lo anterior es un ejercicio peligroso, porque cuando se trata de verificar lo que el presidente dice, la respuesta más socorrida es que no existe una obligación jurídica por parte de las dependencias del Estado para mantener un soporte documental de los dichos del presidente (Soto, 2020). Núñez añade que eso “se traduce en una asimetría en la que el titular del Ejecutivo puede decir lo que quiera ante millones de mexicanos, sin el respaldo serio y documentado al alcance para su corroboración” (Soto, 2020). En suma, el argumento de que los órganos autónomos son ineficaces y costosos no se sostiene, por el contrario, contar con instituciones autónomas y especializadas que tienen la función de tutelares derechos fundamentales, es la mejor alternativa para enfrentar las violaciones y socializar prerrogativas. La existencia de estos organismos sólo puede entenderse si se contextualiza en el marco del proceso más amplio de construcción de un régimen democrático, de la misma manera que su desaparición sólo podrá explicarse a partir de un retroceso autoritario. Si bien el marco jurídico y los organismos son perfectibles, la realidad es que han permitido avanzar en la garantía de derechos que son esenciales si se quiere hablar de una democracia, pues cumplen con una función instrumental al facilitar el ejercicio de otros derechos y, al mismo tiempo, favorecen el debate y la crítica sobre lo público.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTY4MjU3