— 42 — En la presente administración, si bien se ha reducido de forma considerable el monto de los recursos que se destinan a los medios de comunicación, se mantiene la ausencia de reglas democráticas para la asignación y distribución de la publicidad oficial. Así, en 2019, el gobierno lopezobradorista gastó 3 mil 200 millones de pesos, lo que representó una disminución superior a 80% con respecto a los 9 mil 500 millones que se gastaron en el último año de Peña Nieto (Artículo 19, 2021b), mientras que, en 2020, se aprobó un presupuesto de 2 mil 400 millones, pero según datos preliminares se gastó sólo 50% de ese monto (Artículo 19, 2021b). En este contexto, la organización Artículo 19 considera que, a pesar de la existencia de la política de comunicación social del actual gobierno, que fue presentada el 17 de abril de 2019, y de la disminución presupuestal, se mantienen “los vicios y malas prácticas como la concentración y discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la distribución que históricamente han contribuido a vulnerar la libertad de expresión y el derecho a la información” (2020b). La organización que, junto con Fundar, ha analizado durante años el monto y uso de los recursos destinados a los medios, identifica tres tendencias que prevalecen en el actual gobierno: 1) la ausencia de criterios claros para la asignación; 2) mala planeación del ejercicio de recursos, con prácticas como el “gasto decembrino”; y 3) concentración del gasto en pocos medios, donde 10 medios concentran más de la mitad de los recursos (2021b). Otro hecho que ha sido severamente criticado es la devolución de siete minutos de tiempos fiscales43 en televisión y 14 minutos en la radio, equivalentes a 40% del total. El decreto que establece la reducción de los tiempos fiscales fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2020, justo en medio de la contingencia sanitaria, y lo antecedió el anuncio realizado por López Obrador el 3 de abril, en el que argumentó que los devolvía porque “un gobierno quemantiene comunicación permanente con el pueblo, no necesita propaganda” (Gobierno de México, 2020b). La medida suscitó críticas de organizaciones civiles y actores políticos, así como la interposición de una controversia constitucional por parte del InstitutoNacional Electoral (INE), que consideró que el Ejecutivo invadió sus facultades dado que este organismo tiene a su cargo la administración de los tiempos oficiales (RELE, 2021). En ese contexto, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) afirmó que: la decisión del Ejecutivo de reducir los tiempos fiscales atentó contra la división de poderes y ocurre en el peor momento para México: cuando el Estado requiere de su máxima capacidad para difundir mensajes de salubridad general y la sociedad demanda información oportuna, veraz, objetiva, clara e imparcial sobre la pandemia (2021). 43 Los tiempos fiscales corresponden al pago en especie que hacen los concesionarios de radio y televisión por el uso del espectro radioeléctrico, a partir de un impuesto establecido durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
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