— 35 — LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN: ENTRE AGRESIONES, AMENAZAS Y ESTIGMATIZACIÓN Lilia Vélez Iglesias y Cuauhtémoc Cruz Isidoro Introducción En 2018, México experimentó una segunda transición en la Presidencia de la República. Por primera vez, un partido identificado con la izquierda alcanzaba, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, la titularidad del Poder Ejecutivo. Después de un sexenio marcado por múltiples presuntos casos de corrupción; por el despilfarro en el gasto de publicidad oficial; por el uso de programas de espionaje contra periodistas, defensores de derechos humanos y víctimas; y por la profundización de la violencia, el nuevo gobierno, bajo la promesa de iniciar la “Cuarta Transformación” de la vida pública, generó elevadas expectativas sobre la atención que daría a la crisis de derechos humanos del país. En su discurso de toma de posesión, el presidente López Obrador prometió: “se respetará la libertad de expresión; nunca el gobierno aplicará la censura a ningún periodista o medio de comunicación” (Gobierno de México, 2018); no obstante, a la mitad del sexenio, el panorama no ha sido muy distinto del pasado e, incluso, en algunos aspectos se han profundizado las violaciones a esta prerrogativa fundamental. Lo anterior preocupa porque: el ejercicio pleno del derecho a expresar las propias ideas y opiniones y a circular la información disponible y la posibilidad de deliberar de manera abierta y desinhibida sobre los asuntos que nos conciernen a todos, es condición indispensable para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los regímenes democráticos. La formación de una opinión pública informada y consciente de sus derechos, el control ciudadano sobre la gestión pública y la exigencia de responsabilidad de los funcionarios estatales, no sería posible si este derecho no fuera garantizado (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2010: 3). En el presente texto se revisan los principales rasgos que han marcado el ejercicio de derechos informativos en la primera mitad del sexenio y se pone de manifiesto no sólo la ausencia de salvaguardas sino, y todavía más grave, el despliegue de estrategias que buscan debilitar a periodistas, medios de comunicación e instituciones autónomas que los tutelan, en un intento de controlar la agenda y los datos, así como acotar la deliberación pública.
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