— 31 — social es tierra fértil para el germen de discursos y estrategias autoritarias como la analizada aquí. El problema desde luego no es la presencia militar en sí misma. El problema radica en que dicha consolidación se ha dado a pesar del evidente fracaso de la militarización como política pública para enfrentar o disminuir el delito, o como estrategia para lograr la seguridad de la ciudadanía. La persistencia de este proceso, a pesar de la evidencia, invita a pensar que existen detrás otros intereses de tipo económico, o de poder político, para seguir adelante en su consolidación, más allá de los fines políticamente correctos (y profundamente debatibles) de proveer seguridad o mantener el orden social. Además, el problema de fondo radica en que una agenda de militarización trae consigo la restricción de derechos, es decir, su intromisión en la seguridad pública representa un riesgo a las libertades y al ejercicio de derechos que debiéramos gozar por el hecho de ser personas y que deberían garantizarse en regímenes democráticos. Casos emblemáticos de violaciones graves a derechos humanos, como la tortura sexual a 11 mujeres en Atenco en 2006,31 la ejecución extrajudicial de los estudiantes Javier Arredondo y Jorge Mercado en Monterrey en 2010,32 la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014,33 o la tortura, desaparición y ejecución extrajudicial de cuatro personas en Tlahuapan, Puebla, en 2019,34 entre muchos otros, ponen de manifiesto la grave crisis de derechos humanos derivada de la militarización y sirven para representar las miles de violaciones que las Fuerzas Armadas, y ahora la Guardia Nacional, han perpetrado en México bajo la estrategia de resguardar la seguridad pública. A pesar de que es casi imposible dimensionar en su totalidad la profundidad de la crisis de derechos humanos consecuencia de la militarización en México, vale la pena resaltar que los casos citados no son excepcionales, tan solo entre 2007 y 2017, la CNDH realizó 159 recomendaciones a instituciones castrenses por violaciones graves a derechos humanos (Centro Prodh, 2021). Las consecuencias de la militarización van más allá de la violencia medible por medio del número de homicidios; el contexto generado por la militarización afecta en múltiples dimensiones la vida de las personas. Sobre esto valga citar un solo ejemplo: en los informes periódicos del Comité CEDAW a México en 2012 y 2018 se informó que la estrategia de seguridad púbica para luchar contra la delincuencia organizada ha contribuido a la intensificación de las pautas ya existentes de discriminación y violencia generalizada contra las mujeres.35 31 Ver: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.pdf 32 Ver: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/2010/REC_2010_045.pdf 33 Ver: http://centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/wp-content/uploads/2017/02/InformeGIEIayotzi. pdf 34 Ver: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-10/REC_2020_37VG.pdf 35 Ver: Observaciones finales. México, CEDAW/C/MEX/CO/7-8, 7 de agosto de 2012, párrs. 11 a 12; y Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, CEDAW/C/MEX/CO/9, 25 de julio de 2018, párrs. 9 a 10.
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