— 30 — el último paso anunciado por AMLO en dirección a la consolidación del poder militar en la esfera pública del país, se dio el pasado 15 de junio de 2021, cuando en la mañanera anunció una nueva reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, prevista para 2023, con la intención de integrarla a la Sedena. Dicha situación desenmascararía el claro componente militar de la corporación, transformándola formalmente en una policía militar. Además, dicha reforma representaría un grave riesgo para el ejercicio de derechos, debido a la amplia evidencia de la relación entre el despliegue de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad con el aumento de las tasas de violencia y de violaciones de derechos humanos (Amnistía Internacional, 2018), mientras que las tasas de delincuencia y de sentimiento de inseguridad seguirán como hasta ahora. Estamos pues, ante un proceso amplio y profundo. Es amplio cuando hablamos de la militarización de la seguridad pública directa, por medio de la presencia en dichas tareas de cuerpos castrenses o con la creación de la Guardia Nacional; pero además estamos ante un proceso amplio y difuso de militarización indirecta o militarismo con cada vez más corporaciones policiacas, locales y civiles, adquiriendo características militares. Esta amplitud se vislumbrará de mejor manera si observamos, además de la seguridad pública, otras aristas de la vida pública nacional de las que el poder militar se ha hecho durante el presente sexenio: las aduanas, la seguridad sanitaria en tiempos de pandemia, o la construcción de infraestructura como el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya, por citar algunos ejemplos. A manera de conclusiones La 4T es una transformación militarista. El proceso de militarización en épocas recientes en México se ha visto consolidado con la llegada de la 4T y tiene en la figura del presidente a su principal impulsor. Lo que hemos presenciado durante, al menos, los últimos 15 años, ha sido la construcción razonada e intencional de una aparente necesidad de que las Fuerzas Armadas asuman el control de la seguridad pública. Discursivamente hemos sido bombardeados con estas ideas con tal ahínco, que pareciera que la militarización ha sido un proceso natural e inevitable. Las políticas desarrolladas por las últimas administraciones federales ponen de manifiesto que la militarización de la seguridad pública es un proyecto transexenal, y que más que responder a cuestiones partidistas, responde a luchas por el ejercicio del poder que van más allá del objetivo de mantener el control y el orden social o proveer seguridad a la ciudadanía. Este proceso se refuerza por medio del discurso que, a su vez, crea las condiciones propicias para continuar la militarización, por lo que actualmente, dados los altos índices de tasas delincuenciales y el sentimiento de inseguridad ciudadana, la realidad
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