— 26 — fuerzas castrenses (ya sea Ejército o Marina) no participen en tareas de seguridad pública, y es sistemática, pues las lógicas y prácticas militares se utilizan prácticamente como respuesta estatal exclusiva a la delincuencia. Calderón Hinojosa llegó a la presidencia en medio de una crisis institucional derivada de las elecciones en las que ganó con un margen muy estrecho a Andrés Manuel López Obrador, lo que trajo una profunda necesidad de legitimar su triunfo. En este contexto, el 10 de diciembre de 2006, anunció en un cuartel de Michoacán, vestido de verde olivo, el despliegue de 6 mil 500 elementos del Ejército15 en lo que se denominó “Operativo Conjunto Michoacán”. Este operativo, en principio focalizado en una zona del país (Tierra caliente) y contra grupos delincuenciales concretos (el cártel de la Familia Michoacana), marca el inicio de la (mal) llamada “guerra contra el narco”,16 como estrategia de seguridad que catorce años y tres administraciones federales distintas después, rige en el país. En 2008 se firma la Iniciativa Mérida con el objetivo de proveer asistencia militar y económica de parte de Estados Unidos a México y otros países de la región (Ceja Martínez, 2013), lo cual contribuyó a acelerar la militarización del país. Privilegiar una estrategia militarizadora y de combate frontal a la delincuencia organizada generó un contexto de violencia sin precedentes en la historia de México; en parte por el poder obtenido por la delincuencia que sigue controlando amplias zonas del territorio nacional, y en parte debido a la lógica militar con la que se le combatió.17 Recordemos que al militar se le prepara para hacer la guerra contra los enemigos que representen una amenaza a la seguridad nacional, mientras que el policía se centra en garantizar la seguridad pública, preservar el orden y la paz (Moloeznik y Suárez de Garay, 2012). Las diferencias son evidentes. El estudio realizado por Silva Forné et al. (2012) demuestra un aumento significativo de la participación de militares en operativos contra la delincuencia organizada durante esta época, y vincula la presencia en tareas de seguridad pública por parte del Ejército con un claro aumento en el número de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos que señalan como responsable a elementos de la Sedena. Pero quizá el dato que ayude a dimensionar la gravedad de las actuaciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad es el índice de letalidad.18 Forné et al. (2012) encuentran que, mientras en los enfrentamientos directos donde participó exclusivamente 15 Incluyendo elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar). 16 Guerra por la presencia militar, pero además por la construcción discursiva del fenómeno que incluye la utilización de referencias militares para describir los operativos (lucha, batalla, guerra, sin tregua ni cuartel, por ejemplo), pero además por la construcción simbólica de dos bandos, con de la delincuencia organizada como el enemigo que se debe erradicar. Ver Salgado López (2012). 17 Nótese que, a nivel discursivo, usar el verbo “combatir” ya sigue una lógica militar. 18 Índice de letalidad hace referencia al número de presuntos delincuentes fallecidos, por cada elemento de seguridad muerto durante enfrentamientos directos.
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