— 15 — Militarización de la seguridad pública El 15 de junio de 2021, apenas unos días después de las elecciones intermedias con las que Morena perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados —aunque la mantiene con sus partidos aliados—, López Obrador anunció que para la segunda mitad de su mandato presentaría tres reformas constitucionales: una en materia electoral con el fin de renovar al INE y eliminar diputados y senadores plurinominales, otra para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y una última con el objeto de trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pese a que las condiciones para lograr avanzar una reforma constitucional en la segunda parte del sexenio no son tan favorables como lo fueron en la primera, un documento interno de la Secretaría de la Defensa Nacional dado a conocer a principios de agosto de 2021 confirma que esta dependencia prepara ya una reorganización administrativa con miras a hacer de la Guardia Nacional la tercera fuerza armada del país (Medellín, 2021). ¿Qué sucedió para llegar hasta aquí? Como estrategia, la militarización de la seguridad pública se pronunció a finales de 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa tomó la decisión de hacer uso de las Fuerzas Armadas para combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado vinculado al primero. Militarización entendida como un proceso a través del cual, funciones primordiales del Estado se llevan a cabo con lógicas militares (Arana y Anaya, 2020). Desde entonces inició en el país un conflicto armado entre carteles y entre estos y fuerzas de seguridad que ha dejado tras de sí más de 350 mil homicidios y más de 80 mil personas desaparecidas. Ante esta ola de violencia y la crisis de derechos humanos que la acompaña hasta la fecha —tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales7—, la sociedad reclamó en 2018 un cambio de rumbo para pacificar al país. Como ha sido dicho ya, López Obrador prometió desde 2012 un viraje en el modelo de seguridad que comenzaría dando por finalizado el despliegue de las fuerzas castrenses. En 2018, ya como presidente electo, fue a más y se comprometió incluso con una agenda de justicia transnacional a petición del movimiento de víctimas. A la oferta de la desmilitarización se sumaba un horizonte de verdad, justicia, reparación y no repetición. No obstante, dos semanas antes de que iniciara su gobierno, en plena discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Ley de Seguridad Interior con la que su antecesor, Enrique Peña Nieto, buscó darle certeza jurídica al papel central de las Fuerzas Armadas en materia de se7 En su informe de 2015, “Situación de derechos humanos en México”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció la existencia en el país de una grave crisis de derechos humanos, identificando el aumento de la violencia, niveles críticos de impunidad y una inadecuada atención a las víctimas. En abril de 2021, en el quinto informe de seguimiento a sus recomendaciones, este organismo internacional sostiene que los desafíos persisten y la crisis continúa. Ver: https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2020/capitulos/ IA2020cap5.MX-es.pdf
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