— 107 — que tendrá en los ecosistemas donde no hay derecho de vía o en ANP; la afectación al patrimonio arqueológico maya, pero también por la lógica con la que se aproxima a los territorios que promueve la expansión de las fronteras extractivas, trasladando el proceso de acumulación de capital a territorios no mercantilizados por la modernización capitalista y por priorizar el interés privado sobre el de las comunidades, exacerbando la pobreza y la desigualdad (Benítez y Shelley, 2019; Linsalata y Navarro, 2020; Rodríguez, 2020). • Corredor Transístmico. Controversial por el despojo de las comunidades indígenas de la región; el impacto en los usos tradicionales de la biodiversidad; la emergencia de conflictos socioambientales; el rechazo generado por la consulta popular de 2019, pero sobre todo porque a partir de un análisis geopolítico y geoeconómico se ha identificado que el proyecto no tendrá el alcance esperado dada la existencia de otros corredores internacionales de transporte multimodal en los que la predominancia de Estados Unidos (Bautista, 2020; Linsalata y Navarro, 2020; Casañas, 2021) • Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Polémico desde su origen, al plantearse como alternativa al cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM). Debatido por los impactos urbanos y ambientales que podría detonar (Rivero y Velázquez, 2019), por ejemplo, el uso intensivo del acuífero Cuautitlán-Pachuca, la emisión de contaminantes a la atmósfera, el incremento poblacional y la presión sobre otras fuentes de agua; así como la emergencia de descontento social concentrado en el Frente de Pueblos Originarios por la Defensa del Agua (FPODA) desde el cual se cuestionó el proceso de consulta ciudadana, en particular los pueblos incluidos en la definición de la ubicación de la obra (Castillo y Hernández, 2020). • Proyecto Integral Morelos. Discutido por imponer un nuevo sentido al territorio, con una repercusión profunda en la vida de la población campesina al despojarlos de tierra y agua; fractura del tejido social; la falta de información sobre el proyecto; un proceso de evaluación ambiental cuestionado; externalidades socioambientales; la generación de riesgo a miles de personas al localizarse en una zona volcánica activa y por el uso de la violencia hacia los pueblos y comunidades que se resisten a su implementación (Contreras, 2016; Flores y César 2014; Acosta, 2020; González, 2020, Romero, 2020). Este megaproyecto se impulsó en sexenios previos con la intención clara de beneficiar a capitales extranjeros. Andrés Manuel López Obrador durante el 2014, prometió cancelar el proyecto y proteger a los defensores del territorio violentados y perseguidos, mismos a quienes ya como presidente de la República en el 2019, calificó como “radicales de izquierda” y “conservadores”. Como se observa, los argumentos críticos de los megaproyectos vertidos en la literatura, trascienden su visualización como infraestructura que bajo una lógica preponderantemente económica enfatiza su necesidad para alcanzar el tan necesario crecimiento, desarrollo económico, modernización y progreso, principalmente en regiones en donde la pobreza y marginación no sólo no disminuye, sino que se profundiza y
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