— 105 — • Contradicciones con su política ambiental De manera paralela a la definición de estos proyectos estratégicos que, por su dimensión, el tipo de territorio a impactar, el requerimiento de inversión involucrada, así como la transformación que implican, pueden denominarse megaproyectos (Olmedo, 2019; Talledos e Ibarra, 2016), Josefa González Blanco, primera titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó la agenda en política ambiental de AMLO en 2018. En ella podía advertirse la manifestación de un enfoque biocéntrico, que le aportaba una dimensión ética a lo ambiental, así como un llamado de atención al reposicionamiento de la especie humana. Desde este horizonte se señaló la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo económico por sus efectos devastadores sobre el medio ambiente, para dar paso a un modelo que recuperara y cuidara el patrimonio biocultural del país (Agenda de medio ambiente 2018-2024). La salida de González, su sustitución con Víctor Toledo Manzur y el remplazo de éste con María Luisa Albores, podría ser leída como evidencia de una baja sensibilidad y poca prioridad de este gobierno por el tema ambiental, que se acompaña con la disminución paulatina y constante de los recursos económicos para su operación (menor asignación presupuestal,65 reducción de personal, recorte de programas y proyectos), lo que ha derivado en el debilitamiento de la autoridad ambiental, quien en lo concreto tiene dificultad de ejercer un liderazgo y contundencia en la defensa del ambiente y el resguardo del cumplimiento de la ley en la materia, de manera que los proyectos estratégicos presidenciales se han echado a andar en el marco de conflictos y denuncias por: carecer de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA); afectar espacios protegidos con algún estatus de conservación; la inconformidad de la población, de organizaciones sociales, indígenas y ambientalistas; así como el incumplimiento de los compromisos internacionales que ha firmado el país en temas de cambio climático. En este contexto, es claro que la dimensión ambiental ha sido posicionada como un medio para alcanzar el bienestar. La narrativa gubernamental contempla para el Tren Maya el impulso del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente; para el PDIT conservar la biodiversidad, el agua, el suelo y el aire con un enfoque sustentable y tener la aprobación social desde consultas públicas para los pueblos, mientras que, para el rescate del sector energético, el alcance del desarrollo sostenible, mediante la incorporación de poblaciones y comunidades a la producción de energía con fuentes renovables. A continuación revisaremos cómo estos temas son retomados para cuestionar la legitimidad y en ocasiones la legalidad en el impulso de los megaproyectos. 65 Durante el 2018 la asignación presupuestal fue de 37 mil millones de pesos. Para el 2019, de 31 mil millones y para el 2020, 29 mil millones de pesos.
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