15/ Análisis de la iniciativa presidencial / IBERO Puebla Por otra parte, tanto en las elecciones partidistas como en las no partidistas, hay un elemento adicional de preocupación: la influencia de factores de poder, sea económico o financiero, mediático o incluso de organizaciones criminales. La dificultad que implica el control de esos intereses y factores de poder es un reto pendiente en los EU. Es previsible que en México también se enfrentarían retos parecidos -o incluso más complejos- que los que se han dado en EU. No debe perderse de vista, además, que el uso -y mal uso- de las redes sociales es particularmente difícil de controlar y tiene un innegable impacto en la opinión pública. Si se admite esto, claramente no bastaría impedir la participación de los partidos ni regular las campañas o limitarlas a los espacios convencionales de radio o televisión. Construir o destruir la reputación de un aspirante a la judicatura a través de las redes sociales seguirá siendo un recurso disponible para grupos o sectores sociales con intereses legítimos o ilegítimos. La persona candidata a juez o jueza, con el impedimento de emplear recursos propios, por ejemplo, para desmentir calumnias, será muy vulnerable. Para combatir la posibilidad de que una persona deshonesta o sin las calificaciones convenientes llegue a ejercer la función judicial, en EU se han implementado mecanismos de preselección de las candidaturas que irán a la contienda electoral. Para este propósito existen comisiones especializadas. Esta solución parecería apropiada en la medida en que dichas comisiones se integraran de la manera más plural. El problema de esta opción es que la arena de lucha entre los partidos y grupos de interés simplemente se desplaza, pues en este caso se busca influir en la integración de las comisiones. Con todo, parece más deseable que una comisión pluralmente integrada preseleccione a las personas candidatas con base en un proceso riguroso en el que los y las aspirantes a la judicatura exhiban o demuestren sus cualificaciones. Existe un recurso más en algunos estados de los EU para ofrecer al electorado la posibilidad de bajar a un juez o jueza que ha generado descontento con sus resoluciones: el mecanismo denominado retention elections. En esos casos, los jueces o juezas son sometidos a un proceso electoral para que la ciudadanía, después de un tiempo de ejercer la función jurisdiccional, pueda decidir si un juez o jueza merece continuar en el encargo. Este procedimiento puede ser interesante en la medida en que la evaluación sobre el desempeño de la persona juzgadora esté basada en información objetiva. Para ello también ha sido necesario idear sistemas de evaluación confiables: los Judicial Retention Evaluation Programs (Serra, 2023).
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