31/ Reforma constitucional en materia de organismos autónomos / IBERO Puebla De este modo, por medio de la colaboración con las propias instituciones, se podrían identificar en qué rubros, como gastos eventos, viajes o salarios, se podrían generar ahorros, sin que esto afecte sus funciones sustantivas y básicas. Como parte de este trabajo coordinado para identificar mejores formas de manejo presupuestal, se podrían realizar además diagnósticos sobre las estructuras administrativas de los propios organismos, por medio de los que se pudieran acordar posibles ajustes a las mismas. 6.3. Fortalecimiento de los procesos de selección y designación de los integrantes para la conformación óptima de los plenos Un área que se debe fortalecer para garantizar la autonomía colegiada de los órganos autónomos son los procesos de designación. Como se ha señalado previamente, el mecanismo que siguió el Senado de la República para la conformación del primer pleno del INAI, en 2014, mediante la incorporación de un Comité de Acompañamiento para la evaluación de perfiles sentó un precedente relevante en materia de designaciones públicas. A partir de dicha experiencia el Observatorio de Designaciones Públicas, conformado por Artículo 19 y Fundar, ha desarrollado una serie de estándares mínimos para dichos procesos tanto a nivel federal como a nivel estatal, los cuales han sido retomados, desde la Universidad Iberoamericana Puebla para el acompañamiento de procesos locales para nombramientos en la Comisión de Derechos Humanos y del Instituto de Transparencia. Por lo anterior, sería necesario que estos pasos mínimos sean incorporados en el marco normativo, preferentemente a nivel Constitucional, para que su aplicación sea vinculante y contribuyan a la selección de los mejores perfiles: 1. Cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Constitución. 2. Establecimiento de procedimientos específicos para cada designación. 3. Establecimiento de plazos específicos y obligatorios en dichos procedimientos. 4. Máxima publicidad durante todo el proceso. 5. Definición de un perfil ideal que se adecue al contexto político de la institución en cuestión. 6. Definición de mecanismos de evaluación precisos a partir del perfil ideal. 7. Discusión pública y amplia entre los encargados de la decisión. 8. Cumplimiento de requisitos constitucionales y legales necesarios para ocupar el cargo. 9. Cumplimiento de los plazos constitucionales, legales y los establecidos en acuerdos. 10. Correspondencia entre la decisión tomada y la evaluación. 11. Fundamentación de las propuestas y de las decisiones de los órganos encargados de hacer la designación. 12. Participación ciudadana.
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