30/ Reforma constitucional en materia de organismos autónomos / IBERO Puebla promover la participación de los sectores público y privado de la sociedad, así como entablar un diálogo con diversos actores del proceso educativo. De llevar a cabo la iniciativa de desaparición, se perdería esta instancia nueva de consulta, participación y diálogo colectivo en torno a la mejora de la educación. Aunque en las páginas anteriores se ha hablado del papel que juegan el INAI, IFT y la MEJOREDU para la garantía de los derechos humanos a la información, al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, y a la educación, hay que precisar que estas no son instituciones perfectas y deben ser sujetas a una revisión puntual de sus acciones, logros y avances, para determinar posibles áreas de mejora, y no sólo optar por su eliminación total. Por lo tanto, es necesario hacer un diagnóstico sobre las políticas públicas que impulsan estos organismos y los logros alcanzados no sólo para la defensa y garantía de los derechos humanos que son de su competencia, sino que además debe determinarse si han servido para promover el ejercicio de estos, pues con esta información se pueden tomar mejores decisiones sobre su futuro. 6.2. Revisión presupuestal Ahora bien, tomando en considerando que uno de los planteamientos de la iniciativa es la generación de “ahorros y economías”, esto se podría lograr por medio de la revisión del ejercicio de los recursos de los organismos que se buscan eliminar, para identificar áreas de mejora. Por ejemplo, en el caso del INAI se podrían hacer ajustes en cuanto a su gasto en viáticos y gastos de representación, considerando que, de acuerdo con información publicada en la página de la Cuenta Pública de la Administración Pública Federal en 2023 se ejercieron 15 millones 477 mil 765 pesos en la partida presupuestal 3700 “Servicios de traslado y viáticos”11; al respecto, podría revisarse los lineamientos que se tienen para la asignación de estos recursos para los viajes y comisiones de las personas servidoras públicas, de modo que se ponga un tope de cuánto pueden gastar en estos. También se podrían establecer diálogos con los integrantes de los organismos autónomos para acordar reducciones a sus salarios y bonos extraordinarios, de modo que estas sean determinaciones acordadas entre todas las partes y no imposiciones que deriven en la presentación de recursos legales para mantener sus sueldos12. 11 Esto implicó una ampliación de los recursos destinados a este rubro, pues originalmente se habían aprobado 10 millones 569 mil 203 pesos. 12 En diciembre de 2021, el pleno del IFT presentó una Controversia Constitucional, registrada con el número de expediente 220/2021, en contra de del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, en el cual se modificaron los sueldos del Instituto; en el recurso argumentan que dicha determinación vulnera su autonomía constitucional.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTY4MjU3