22/ Reforma constitucional en materia de organismos autónomos / IBERO Puebla sobre formas de evitar el abandono escolar en bachillerato, sobre la formación inicial y sobre el desarrollo profesional de docentes (Schmelkes, 2021). Es decir, su labor no fue meramente de evaluación, como se afirma en la iniciativa, sino que generó diversos instrumentos para fortalecer el sistema educativo en el país. Pese a esto, el Ejecutivo propuso y logró su eliminación, demostrando cómo el interés y compromiso político hecho con el sector magisterial pesó más que la defensa de un organismo constitucionalmente autónomo que, si bien pudo ser perfectible, fue borrado, y se creó en su lugar a la MEJOREDU, organismo descentralizado que, si bien tiene las mismas facultades y obligaciones que su antecesor, tiene menos recursos y libertad de operación. Ahora con esta nueva iniciativa de reforma constitucional se busca eliminar al MEJOREDU sin que otra vez se den argumentos que expliquen la decisión de desaparecerlo. En la exposición de motivos de la iniciativa presentada el 05 de febrero de 2024 sólo se destina un párrafo para hablar de la MEJOREDU, en donde se explica el motivo de su creación, sin que se argumente la decisión de extinguirlo, más allá del presunto ahorro de 600 millones de pesos al año. Como se puede ver, el caso de la MEJOREDU sirve como ejemplo para entender la postura del gobierno federal ante los organismos constitucionalmente autónomos, pues desde la extinción del INEE quedó claro que las decisiones responden a cuestiones políticas sin que se haga un verdadero diagnóstico sobre el impacto y alcances que la eliminación de estas instituciones pueda tener. Lo descrito en las páginas anteriores, permite delinear la estrategia que puede seguir para acabar con los órganos autónomos que pueden representar un contrapeso: primero se les debilita de forma directa o indirecta, ya sea convirtiéndolos en órganos descentralizados como la MEJOREDU o con acciones que obstaculicen los nombramientos de sus integrantes como ha pasado con el INAI y el IFT; una vez que se encuentren en esta condición, se busca justificar su eliminación bajo el argumento que no cumplen sus funciones o el alto costo que representan, sin abrir un diálogo con estos organismos para construir soluciones en conjunto.
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