10/ Reforma constitucional en materia de organismos autónomos / IBERO Puebla además que hay quienes refieren que estos organismos tienen un papel fundamental para hacer frente a la pérdida de legitimidad y de confianza que tiene la sociedad hacia las instituciones públicas, ya que representan una nueva forma de participación ciudadana. Fabián Ruiz además explica que, si bien se pueden cuestionar las determinaciones de los órganos autónomos por considerarse “contramayoritarias” por no ser elegidos en procesos democráticos, afirma que su objetivo no es la de representar a la ciudadanía, sino ejercer funciones puntuales con carácter técnico, no partidista, en todo caso, en beneficio de la ciudadanía; en el desempeño de sus competencias pueden adoptar decisiones que vayan en contra de las preferencias de los órganos soberanos del Estado e incluso, en contra de las preferencias de la mayoría de la opinión pública (2017, p.117). Es decir, estos órganos al ser independientes de los poderes tradicionales, como el Ejecutivo y Legislativo que deben responder a los compromisos electorales y partidistas, pueden tomar determinaciones de forma autónoma, aunque no sean populares, con el objetivo de proteger y promover derechos de la población en general. De ahí la importancia de la autonomía de estos organismos, así como los diferentes niveles de ésta que se tiene en la Constitución, ya que, dependiendo del papel que desempeñe cada órgano, es el grado de autonomía que se le brindará para que pueda cumplir las funciones que le fueron asignadas, ya sea plena, técnica, financiera, de gestión, de decisión, de capacidad, entre otras. En resumen, los organismos constitucionalmente autónomos son creados para equilibrar y complementar el modelo tradicional de división de poderes, generando contrapesos, y para atender temas particulares de la administración pública, los cuales requieren un abordaje técnico y profesional particular; además, para la toma de determinaciones requieren estar fuera la órbita de los poderes tradicionales, de modo que se responda a la necesidad de la población. Sin embargo, los discursos reiterados impulsados desde la Presidencia de la República en los últimos seis años han buscado deslegitimar a este tipo de instituciones, las cuales han tomado posturas que no favorecen al Ejecutivo, pero sí a la población, mostrando así la importancia y necesidad de que mantengan su autonomía. Ejemplo de esto ha sido los cuestionamientos constantes en contra del INAI el cual, en ejercicio de sus facultades y responsabilidades, ha emitido numerosas resoluciones para ordenar la apertura de información relacionada con las vacunas contra COVID-19 o sobre el software de espionaje Pegasus. Por otro lado, Domínguez Arroyo y Sánchez de Tagle (2019), retoman la definición de autonomía constitucional que incluyó el Senado de la República en la reforma por la que se
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