8/ Reforma constitucional en materia de organismos autónomos / IBERO Puebla en el que participan las personas titulares del Banco de México, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)2, el cual emite la convocatoria correspondiente para la postulación de perfiles, quienes deben presentar un examen de conocimientos técnicos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Posteriormente, el Comité de Evaluación remite al Ejecutivo entre tres y cinco nombres por cada vacante en el pleno de IFT, de los cuales se escoge a un perfil que debe ser ratificado por el Senado de la República, y en caso de que sea rechazado la Presidencia de la República deberá proponer a otro perfil de entre la lista generada por el Comité. Este procedimiento, aunque complejo, garantiza que las personas que sean designadas como comisionadas tengan los conocimientos técnicos necesarios y, al haber participación del Ejecutivo y el Legislativo, se promueve la independencia de los perfiles. Por otro lado, dentro de la iniciativa se argumenta el alto costo que tienen estas instituciones, por lo que plantea la extinción “completa” de las mismas, en vez de buscar una reingeniería que garantice su funcionamiento, manteniendo sus funciones sustantivas, que en algunos casos están relacionados directamente con la defensa, protección y promoción de derechos humanos, pero reduciendo gastos. Es importante señalar que la iniciativa presenta información confusa en torno a los costos y presuntos ahorros. Al hablar del presupuesto que se ha destinado a estos organismos en los últimos seis años, como se mencionó anteriormente, en la propuesta presidencial se indica que la cifra alcanzaría los 32 mil 313 millones de pesos, lo cual se traduciría en 5.3 millones de pensiones del bienestar. El dato puede ser engañoso considerando que el costo de las pensiones bimestrales ha variado en estos años; y porque en el artículo Séptimo Transitorio se plantea que “los recursos humanos con que cuenten los entes públicos que se extinguen [...] pasarán a formar parte de aquellos que asuman sus atribuciones”, con lo cual un porcentaje aún por definir del personal pasaría a las dependencias a las que se adscriban, generando un impacto en las nóminas. Incluso si se planteara la desaparición total de los organismos, tomando como base el presupuesto destinado para 2024, equivalente a 5 mil 75 millones 214 mil 552 pesos, y considerando que el monto vigente de las pensiones de bienestar es de 6 mil pesos mensuales, esto se traduciría en 845 mil 870 posibles pagos bimestrales; ahora bien, a lo largo del año cada persona beneficiaria recibe seis pagos, por lo que el monto antes señalado alcanzaría para beneficiar a casi 191 mil personas, equivalente al 1.53% del total del padrón actual. 2 Este artículo no ha sido reformado desde 2013, por lo que todavía se hace mención del INEE pese a que este desapareció en 2019 y sus facultades se pasaron al MEJOREDU, pero debido a que es un órgano descentralizado no tiene facultades de participar en estos procesos de designación.
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