Análisis de la iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional y Fuerzas Armadas

21/ Guardia Nacional y Fuerzas Armadas / IBERO Puebla 3.3 Fortalecimiento de las policías civiles La normalización del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública introduce una mentalidad bélica y lógicas de guerra que resultan en serias violaciones a los derechos humanos (Ricardo, 2022). En México, los resultados de la militarización no justifican los costos y riesgos para los derechos humanos que implica (Luna, 2022). Ante esta situación, es vital adoptar una visión más integral de la seguridad ciudadana que contemple la prevención de la delincuencia, así como el desarrollo de políticas a nivel local a mediano y largo plazo que integren aspectos sociales, culturales, económicos y de acceso a la justicia que inciden en la delincuencia, en lugar de centrarse exclusivamente en el uso de la fuerza. Para reducir la dependencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y promover un enfoque de seguridad ciudadana, es necesario implementar reformas policiales que fortalezcan las instituciones civiles, permitiéndoles asumir plenamente las responsabilidades de seguridad pública. Estas reformas deben incluir al menos: 1. Capacitación y profesionalización: es crucial que las instituciones policiales civiles reciban formación y certificación, especialmente en derechos humanos y en la implementación de protocolos para el uso de la fuerza. 2. Uso de inteligencia y métodos de investigación: se debe priorizar el uso de inteligencia y métodos para prevenir la delincuencia en vez de recurrir al uso de la fuerza, lo que podría resultar en un enfoque más efectivo y menos violento. 3. Mecanismos de control y supervisión: es imperativo desarrollar mecanismos de control y supervisión que aseguren que las fuerzas de seguridad, tanto militares como civiles, actúen dentro del marco legal y respeten los derechos humanos. Esto no sólo contribuirá a la rendición de cuentas, sino que también fomentará la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad. La implementación de reformas que fortalezcan las instituciones civiles y promuevan un enfoque integral de seguridad ciudadana es esencial para garantizar el respeto a los derechos humanos y la construcción de una sociedad más segura y justa.

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