19/ Guardia Nacional y Fuerzas Armadas / IBERO Puebla La Universidad considera que, en dirección contraria a la iniciativa, el país requiere de un gradual proceso de desmilitarización de la vida pública que no sólo permita equilibrar la relación cívico-militar, sino transitar la democratización de las Fuerzas Armadas, cuya institucionalización desde 1956 ha permanecido intacta y ha permitido la continuidad y la profundización de un papel militar protagónico en la configuración política de México. Como lo ha señalado el Centro Prodh (2023), algunas acciones para contrapesar el poder militar serían las siguientes: 1) Mantener la actual redacción del artículo 21 constitucional que indica que las corporaciones de seguridad pública, incluyendo a la Guardia Nacional, serán de carácter civil; 2) Abrogar o modificar el acuerdo presidencial por el que el titular del Ejecutivo dispuso de la Fuerza Armada Permanente para la realización de labores de seguridad pública; 3) Restablecer la redacción de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para acotar el papel de las Fuerzas Armadas; 4) Diseñar controles civiles sobre el nombramiento del comandante del Ejército Mexicano; 5) Repensar el diseño de los controles internos de la Guardia Nacional, incluyendo el robustecimiento de la Unidad de Asuntos Internos; 6) Ampliar el control parlamentario externo que realiza la Comisión Bicameral, incorporando cabalmente indicadores sobre reducción de la violencia y respeto a los derechos humanos; 7) Asegurar el cumplimiento pleno de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, publicitando los reportes pormenorizados sobre uso de la fuerza letal a los que se refieren los artículos 32 y 33; 8) Continuar limitando los alcances legales y fácticos del fuero militar, con una segunda reforma que incluya entre otras cosas al artículo 37 que hoy permite la apertura de indagatorias paralelas; 9) Garantizar que el despliegue de la Guardia Nacional y la Fuerza Armada Permanente priorice las entidades y regiones que realmente tienen los mayores problemas de violencia, y no en lugares donde no es indispensable —como la CDMX— o en temas seleccionados por razones políticas —como la migración—; y
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