18/ Guardia Nacional y Fuerzas Armadas / IBERO Puebla Si bien este acuerdo buscaba blindar las obras públicas, principalmente a cargo de la Fuerzas Armadas, para conseguir las autorizaciones correspondientes, sorteando las impugnaciones, para “garantizar su ejecución oportuna”16, esto representaba una limitante para el derecho de acceso a la información. Tal fue el caso que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales presentó una controversia constitucional por transgredir “los principios de supremacía constitucional y legalidad, porque realiza una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a esos proyectos u obras, vulnerando el derecho a saber de la sociedad”17. Es importante señalar que, aunque ese primer acuerdo fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación18, la Presidencia de la República emitió el mismo día de la resolución el Decreto por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos que se indican, son de seguridad nacional y de interés público, el cual, a diferencia del primero, únicamente precisa el nombre de las obras en cuestión, sin garantizar el acceso a la información respecto a dichos proyectos estratégicos y sigue vigente. 3.2 En materia de ámbitos ajenos a la seguridad Por lo que toca al incremento de la influencia de las Fuerzas Armadas en ámbitos ajenos a la seguridad, lo que ha conllevado el crecimiento del poder militar en el último sexenio a través de nuevas responsabilidades y de la ampliación de su presupuesto, esta resulta problemática por diferentes motivos. Por un lado, los valores que acompañan el despliegue de las Fuerzas Armadas al cumplir sus funciones encomendadas, como la obediencia y la lealtad, se oponen a valores democráticos como la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas. Por otro lado, esta transformación es discutible por la renuncia a la posibilidad de profesionalizar y garantizar con ello el carácter civil en las tareas de un Estado democrático, entorpeciendo sus capacidades de acción futuras. Finalmente, por tratarse de una institución que permaneció ajena al proceso de democratización y que, por tanto, carece de instrumentos y mecanismos efectivos para conducirse en línea con los principios democráticos de una sociedad abierta y plural. 16 Ver: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635985&fecha=22/11/2021#gsc.tab=0 17 Ver: https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-435-21.pdf 18 Ver: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7359
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