11/ Guardia Nacional y Fuerzas Armadas / IBERO Puebla clandestinas, entre otras graves violaciones a derechos humanos9, demuestran que la incorporación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad no ha tenido resultados eficaces, tal y como lo documentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe Situación de derechos humanos en México (2015). Por el contrario, esta política ha traído consigo mayor violencia y violaciones graves a los derechos humanos, así como una falta de rendición de cuentas. A nueve años del informe de la CIDH, las violaciones a derechos humanos perpetradas por parte de las Fuerzas Armadas no han cesado, de hecho, desde el intento de traslado de la Guardia Nacional a la Sedena por la vía de reforma a leyes secundarias10, se dio un aumento en las quejas en contra de la Guardia Nacional por violaciones a derechos humanos. Con base en información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se presentaron mil 785 quejas en contra de la Guardia Nacional de enero de 2020 a octubre de 2023 (350 quejas en 2020, 504 en 2021, 577 en 2022 y 354 con corte a octubre de 2023), superando el número de quejas presentadas en contra de la Sedena, en total mil 627. Del total de quejas presentadas contra la Guardia Nacional, destaca que la mayoría versa sobre graves violaciones a derechos humanos, ubicando en primer lugar las detenciones arbitrarias, seguidas de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la tortura. Al respecto, la CNDH ha emitido un total de 21 recomendaciones a la Guardia Nacional, de las cuales 15 son por graves violaciones a los derechos humanos (IDHIE, 2024). El contexto planteado reafirma que la militarización de la seguridad pública, lejos de contribuir a la solución de la crisis de violencia y delincuencia en el país, de favorecer una cultura de prevención y de fortalecimiento de las instituciones civiles encargadas de velar por la seguridad ciudadana, es una medida arbitraria, regresiva, que atenta contra los derechos humanos y contraviene las obligaciones internacionales en la materia. Los problemas de violencia e inseguridad que prevalecen en México no deben atenderse exclusivamente mediante la implementación de políticas represivas y reactivas de corte militar. Para lograr su objetivo, la seguridad pública debe implementarse desde un enfoque integral, coordinado y multisectorial que abarque dimensiones preventivas, reactivas, de fortalecimiento, modernización y profesionalización de las fuerzas policiales, así como de 9 De acuerdo con las cifras oficiales reportadas en el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México (CIDH, 2015), la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 115 recomendaciones a la Sedena, relativas a violaciones a los derechos humanos por elementos militares por hechos de tortura, homicidios, violaciones sexuales, entre otros. En enfrentamientos entre militares y civiles entre 2007 y 2012, resultaron muertos 158 militares, 2 mil 959 “presuntos agresores” civiles, y 40 “personas ajenas a los hechos” (párr. 37). 10 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2022 que en abril de 2023 fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo relativo a la adscripción de la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena.
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