10/ Guardia Nacional y Fuerzas Armadas / IBERO Puebla 3. Postura de la Universidad Del apartado que antecede se desprende una consolidación en el proceso de avance y crecimiento del poder militar, ya no sólo con la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena como una fuerza armada más a cargo de la seguridad pública, sino con la ampliación de funciones de las Fuerzas Armadas por la vía constitucional. 3.1 En materia de seguridad La iniciativa de reforma constitucional es regresiva porque diluye los criterios de excepcionalidad relativos a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública8 y, además, se contrapone a obligaciones adquiridas en materia de derechos humanos. Más allá de los índices de aprobación de las Fuerzas Armadas y de la propia Guardia Nacional, son cuestionables los indicadores con los que se arguye que el modelo de seguridad que encabeza la Guardia Nacional y que auxilian las Fuerzas Armadas funciona. Por otro lado, la iniciativa le da la espalda al gran acuerdo político nacional que supuso la creación en 2019 de la Guardia Nacional como una fuerza de carácter civil, bajo el mando de la todavía Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A la Universidad le preocupa que, frente a la extensión de facultades propuestas en la iniciativa para la Guardia Nacional –en tanto nueva fuerza armada–, estas no se sujetan constitucionalmente a los criterios de excepcionalidad determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, el carácter extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario del despliegue castrense. La Universidad reitera su postura de desacuerdo total con la militarización de la seguridad pública que se ha implantado en el territorio mexicano con mayor contundencia desde la declaración de guerra contra el narcotráfico en 2006, y que la presente iniciativa de reforma constitucional pretende profundizar, así como con su expansión a otros ámbitos de la vida pública donde se han ido adoptando lógicas militares mediante el otorgamiento de facultades permanentes y amplias de intervención a las Fuerzas Armadas que invaden esferas de la actuación política y de gestión pública en el país, en contrasentido con los principios y valores de una sociedad democrática. A 18 años de la puesta en marcha de la política de seguridad militarizada, datos públicos sobre el número de personas desaparecidas, homicidios dolosos, desplazamientos forzados y fosas 8 Si bien estos criterios se aluden en la exposición de motivos de la iniciativa, no quedan en el texto constitucional, sino que se espera que sean leyes secundarias las que los incorporen como salvaguardas.
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