Agenda Institucional IBERO Puebla

21 20 AGENDA INSTITUCIONAL: DE LA REFLEXIÓN A LA ACCIÓN UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA La impunidad no sólo representa un obstáculo para acceder a la justicia, sino la negación de ésta. Por ello, deben evaluarse los sis- temas de administración y procuración de justicia, a fin de cumplir con la obligación de investigar, sancionar y reparar de forma inte- gral el daño a las víctimas de delitos y de violaciones a los dere- chos humanos, esto con el propósito de garantizar el acceso a la justicia y la verdad, especialmente a grupos en situación de vulne- rabilidad. A su vez, es importante considerar medidas efectivas y oportunas para la justiciabilidad de los DESCA y prevenir actos de violencia contra defensores de derechos humanos (ONU, 2018). Frente a las graves violaciones a los derechos humanos en Puebla, se ubican una serie de carencias en las estructuras gubernamen- tales, derivadas del incumplimiento y falta de implementación de la legislación interna, tal es el caso de la inexistencia de la Comi- sión Ejecutiva de Atención a Víctimas. • Revisar, actualizar y armonizar procesos de transversalización e institucionalización de los derechos humanos, como la aplicación efectiva de leyes y protocolos específicos, conforme a estánda- res internacionales, y el diseño programático y presupuestal ade- cuado para la exigibilidad y cumplimiento de todos los derechos. • Elaborar el Programa Estatal de Derechos Humanos a partir de un diagnóstico integral que incluya enfoque de derechos hu- manos, principio de progresividad y enfoque interseccional. Así como una evaluación permanente del cumplimiento de metas, indicadores de proceso y de impacto. • Implementar las recomendaciones realizadas en las recientes revisiones a México por parte de la Convención sobre la Elimi- nación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU) y el Comité contra la Tortura (CAT). Postura /// Propuestas /// El ejercicio autoritario del poder en el estado en años pasados trastocó dos principios fundamentales para la existencia de me- canismos efectivos de rendición de cuentas: el fortalecimiento de las instituciones de vigilancia y contrapeso, por un lado, y el im- pulso de una sociedad civil organizada y pujante, incluyendo los movimientos sociales, por el otro. Las primeras fueron capturadas y, por tanto, debilitadas en su función de equilibrio por la forma autocrática de gobierno; los movimientos sociales, cuando no fue- ron reprimidos, fueron hostigados o desactivados. De acuerdo con el Libro Blanco de la Consulta sobre la Política Na- cional Anticorrupción , la corrupción no sólo es un delito a sancio- nar, sino principalmente un fenómeno de captura de puestos, pre- supuestos, decisiones y del aparato de justicia (PIRC-CIDE, 2019). El déficit democrático obedece en buena medida a la ausencia de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas que permi- tan combatir la corrupción en todas sus dimensiones, tanto desde un enfoque punitivo como desde una mirada preventiva. Con base en el Índice de Estado de Derecho en México 2018, Pue- bla se encuentra por debajo del promedio nacional en dos facto- res primordiales: ausencia de corrupción y límites al poder guber- namental. El estado ocupa la posición 22 respecto a la primera variable y 26 en relación con la segunda con calificaciones de 0.33 y 0.38 en una escala de 0 a 1, respectivamente. El primer factor mide la ausencia de corrupción en el gobierno, incluyendo sobor- nos, influencias inapropiadas de intereses públicos y privados y la apropiación indebida de fondos públicos. El segundo factor mide la sujeción a la ley de quienes gobiernan y la existencia de frenos y contrapesos que los obliguen a rendir cuentas, incluidos aque- llos de carácter no gubernamental como la prensa (World Justice Project, 2019). Combate a la Corrupción Diagnóstico ///