7 • Cifras aparte, los tintes de crueldad de los hechos de violencia ocurridos en los últimos meses son motivo de alarma, pues nos hablan de un proceso de despojo de la dignidad y cosificación de la vida del otro en el imaginario social, que socava los fundamentos mismos de nuestra convivencia e instala entre la gente un sentimiento de temor e impotencia que inhibe la libre socialización, provoca el abandono del espacio público, impide pensar en clave creativa y da lugar a expresiones de hostil autoprotección que se convierten en sustrato propicio para la reproducción de la violencia. Frente a la complejidad y magnitud de la crisis de inseguridad que ha marcado el devenir de la sociedad mexicana durante el actual siglo, el Estado no ha sido capaz de instrumentar políticas públicas que modifiquen consistentemente las causas de la violencia y den paso a la construcción de una paz con justicia. Por el contrario, los últimos tres gobiernos se han empeñado en una estrategia de militarización ya no sólo de la seguridad sino de otros ámbitos de la agenda pública, que no sólo ha resultado ineficaz, sino que ha puesto en serio riesgo el respeto de los derechos humanos y comprometido la matriz ciudadana de nuestro modelo democrático. Pobreza y desigualdad El segundo ámbito de atención prioritaria que destaca la Compañía de Jesús en México es la pobreza y la desigualdad. Durante el sexenio del presidente López Obrador, gracias a las importantes reformas laborales que ha impulsado, en especial los incrementos al salario mínimo, a las transferencias directas de apoyos sociales y a la rápiAsimismo, la presencia de la violencia —como señalan los jesuitas de México— “se extiende por todos los territorios, sectores y estratos sociales” y, en particular, las redes macrocriminales ocupan amplias zonas de nuestro país en las que se hace patente una pauta histórica de marginación, ausencia de la institucionalidad del Estado e impunidad, que han abierto en el tejido social amplios márgenes para el despliegue de una economía delictiva que compromete la vida cotidiana de millones de personas. Todas esas condicionantes se verificaron en el caso del asesinato, el 20 de junio del 2022, de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma en el templo de Cerocahui, cuyo victimario jamás fue aprehendido y procesado conforme a la ley pues su cuerpo fue encontrado ocho meses después con indicios de haber sido ejecutado por el crimen organizado. Este hecho consumó un fracaso del Estado mexicano frente a sus deberes básicos y evidenció la continuidad del régimen de desprotección al que se encuentran sometidas decenas de comunidades marginadas en nuestro país cuyas vidas y recursos están a merced de la delincuencia. Frente a la complejidad y magnitud de la crisis de inseguridad que ha marcado el devenir de la sociedad mexicana durante el actual siglo, el Estado no ha sido capaz de instrumentar políticas públicas que modifiquen consistentemente las causas de la violencia. Pintura conmemorativa Keti Ibápari: Nuestros padres, realizada por el artista Juan Manuel Gaucher en la que se representan a Javier Campos y Joaquín Mora junto a otros jesuitas y el pueblo rarámuri.
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