INICIATIVAS PARA LA SUSTENTABILIDAD Y EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN EN LA IBERO PUEBLA / 35 y los excesos de consumo no son regulados. El caso de la Ciudad de México es un gran ejemplo. En 2017, el consumo de agua en zonas populares fue de 28 litros por persona, mientras que en las zonas de ingreso medio alcanzó los 275 y 410 litros de consumo y en las zonas de alta plusvalía varió de los 800 a 1,000 litros por habitante (Castillo, 8 de octubre de 2018). Incluso en momentos de crisis hídricas, las decisiones estatales favorecen también a las clases altas. Entre 2014 y 2015, São Paulo vivió la mayor sequía de su historia debido principalmente a la falta de mantenimiento en el sistema de agua potable y al consumo excesivo per cápita. La solución impuesta por el gobierno fue realizar recortes diarios en las zonas populares y no en las de las clases altas. Como afirma la redacción de la revista Letras Libres, “la medida siguió las líneas de la desigualdad económica en la población paulista: mientras los ricos tenían recursos para construir cisternas o pagar pipas privadas, los más pobres tenían que conformarse con el suministro de agua contaminada” (LL, 30 de octubre de 2018). Esta inequidad extrema en las ciudades de América Latina ha sido gestionada por medio de la privatización de los sistemas operadores de agua y saneamiento de las ciudades. A partir de 1990 ciudades como Cochabamba (Bolivia), Lima (Perú), Saltillo y Aguascalientes (México), São Paulo (Brasil) y Buenos Aires (Argentina), entre otras muchas, privatizaron sus sistemas operadores de agua con la promesa de empresas y gobiernos de mejorar “la eficiencia de los servicios de infraestructura, extender su distribución hacia los pobres y aliviar la presión sobre los presupuestos públicos” (Castro, 2007). Sin embargo, en poco tiempo fue posible ver que en realidad se trataba de un negocio y no un beneficio social o comunitario. De acuerdo con Azpiazu & Schorr (2004), hay evidencias de que la mayoría de los recursos financieros que usaron las empresas privatizadas en diversos países de América Latina provinieron de la recaudación de subsidios públicos o del endeudamiento (en Castro 2007), profundizando las deudas públicas. Además, al contrario de lo que prometieron, las empresas elevaron el precio de las tarifas del agua (hasta 170% en el caso de la ciudad de Aguascalientes en México), afectando sobre todo a los sectores populares, pues no se respetaban las diferencias de ingresos. Tampoco cumplieron con la promesa de mejorar y ampliar la infraestructura en la mayoría de los casos y las protestas en contra de las privatizaciones no se hicieron esperar.5 5 Tal vez la lucha más fuerte, o tal vez la más visible, en contra de la privatización del agua fue en Cochabamba, Bolivia. Recordemos que en los años 1999- 2000 los pueblos andinos se organizaron en contra de la privatización del líquido, lo que logró la desprivatización del recurso.
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