144 / INICIATIVAS PARA LA SUSTENTABILIDAD Y EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN EN LA IBERO PUEBLA Gaspar Rodríguez y Francisco Jiménez Pablo de la Comisión Ejecutiva Nacional de la CNPA-MN, entre otras personas investigadas, promovieron actividades de información hacia las comunidades sobre las afectaciones del proyecto sus derechos, así como acciones de exigencia hacia las autoridades para que se respetaran los derechos de las comunidades indígenas en Cuetzalan y Ayotoxco de Guerrero. Varias personas señaladas en la carpeta de investigación sufrieron campañas de desprestigio, por medio de reuniones comunitarias, redes sociales y medios escritos. De enero a mayo de 2018, principalmente, se dieron incidentes de agresiones físicas, seguimientos, detenciones, en contra de Manuel Gaspar Rodríguez, Alfredo Guerrero Santos, Álvaro Aguilar Ayón y Nazario Diego Téllez. El 14 de mayo de 2018 fue asesinado Manuel Gaspar Rodríguez, en Cuetzalan, a unos metros de donde comenzarían las obras por la construcción de la línea de alta tensión y la subestación eléctrica. Manuel era una de las personas señaladas en la carpeta de investigación donde la PGR abrió un proceso penal, a petición de la CFE, en contra de Manuel y otros siete defensores de derechos humanos. A la fecha, la Fiscalía General del Estado no ha identificado a los responsables de su asesinato, ni el móvil de este crimen. Desde entonces comunidades y organizaciones solicitaron al cabildo municipal de Cuetzalan, no otorgar el permiso del cambio de uso de suelo a la CFE para la construcción del proyecto. Esto fue avalado el 27 de agosto de 2017. En noviembre del 2016, organizaciones del MIOCUP-CNPA-MN realizaron una movilización en Cuetzalan, y se decidió establecer un campamento que duró 10 meses en la zona de donde comenzarían la construcción de la subestación eléctrica. En enero del 2017, el MIOCUP-CNPA-MN y otras organizaciones integrantes del Frente Indígena Campesino de México, se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la CFE, en Cuetzalan, Zacapoaxtla, Ciudad de México y Oaxaca. En enero del mismo año, después de las manifestaciones realizadas en diferentes partes del estado frente a la CFE, a pesar de la petición de suspender obras a las autoridades municipales y a la CFE, se siguió con la promoción del proyecto. A partir de mayo de 2017, Amnistía Internacional (AI) promovió una campaña para solicitar a Ramón Ernesto Badillo Aguilar, delegado estatal de la PGR en Puebla, así como a Jaime Hernández Martínez, director general de la CFE, se cumpla con las garantías de un juicio justo y se sustenten sólo en evidencias lícitas y suficientes para demostrar la responsabilidad penal individual de las personas procesadas. Aunque las obras fueron suspendidas por la acción y movilización de las comunidades, la CFE mantiene una denuncia en contra de siete defensores —que representan a comunidades— ante la PGR y aunque no se ha avanzado signi-
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