10 Para contextualizar la magnitud de la crisis forense, este trabajo inicia con algunos datos que describen el escenario en el ámbito nacional que permite que haya miles de cuerpos sin identificar, el andamiaje legal e institucional que existe para hacerle frente, así como los retrocesos que se produjeron en los últimos meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En un segundo apartado se habla del derecho que todas las personas tienen a ser buscadas, el cual se compone de la coordinación interinstitucional, el derecho a la participación, los registros e información, la restitución digna y el derecho a la verdad; elementos que son establecidos por instrumentos nacionales e internacionales en la materia. La tercera parte de este trabajo se enfoca en identificar las obligaciones de las instituciones que tienen responsabilidades respecto a la crisis forense, principalmente la Comisión Nacional de Búsqueda (cnb) y la Fiscalía General de la República (fgr), además de sus homólogas en las entidades federativas. Una vez profundizado el panorama nacional, en el apartado cuatro, titulado “La institucionalidad forense en Puebla” se hace un acercamiento a las instituciones en el estado que tienen algún tipo de participación en materia forense y que juegan un papel relevante en la crisis que se vive en la entidad, pasando por la institucionalidad, el presupuesto, capacidades humanas, técnicas y algunas normas de la Fiscalía General del Estado (fge), la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla (cbpep) y los ayuntamientos. A lo largo del quinto apartado se identifican las características que conforman la crisis forense en Puebla, a partir de datos estadísticos sobre el número de cuerpos que han ingresado al Servicio Médico Forense (Semefo) y las diversas problemáticas de registros y datos elaborados por autoridades como la fge y los ayuntamientos. Este trabajo concluye con un apartado en la que se hace una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades con participación en la materia y conclusiones que miran hacia la dimensión de la problemática y posibles líneas de trabajo que surgen a raíz de los hallazgos. De manera concreta, se buscó información que abarcara del periodo de enero de 2015 a marzo de 2024, pues, de acuerdo con datos oficiales, a partir de 2016 se dio el incremento en el número de personas desaparecidas en el estado de Puebla, por lo que se consideró que al analizar la operación de los servicios forenses en dichos años se podría abonar a la comprensión de esta problemática en la entidad*. * Para la elaboración de este documento se contó con el apoyo de José Carlos Bernal Roque, Vanessa Guadalupe Ordaz Carrera, Armando Chacón Quiñones, Frida Ivanna Rodríguez Aguirre, Triana Olica Rodríguez y Shaniel Yamile Candia Huerta, estudiantes que realizaron su servicio social y becario en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. Además, Alexia Martínez Montalbán participó en el proceso de investigación, sistematización y redacción.
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