Balance de la situación de los derechos humanos en Puebla

35 Conclusiones En este Día Internacional de los Derechos Humanos, conmemorando los 75 años desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, presenta un análisis integral de la situación actual en diversas temáticas críticas. A través de este balance, destacamos desafíos persistentes y oportunidades para fortalecer la protección de los derechos fundamentales. En el examen detallado por temáticas, hemos abordado cuestiones apremiantes. Como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, donde las cifras reflejan vulneraciones a los derechos humanos y señalan acciones pendientes. El alto índice de violencia obstétrica destaca la necesidad de capacitación y establecimiento de mecanismos de denuncia en las instituciones de salud. La mortalidad materna revela la falta de servicios de salud sexual y reproductiva accesibles y adecuados. Y, por último, el embarazo en niñas y adolescentes destaca deficiencias en la educación, la prevención y la impartición de justicia, evidenciando la ineficacia en abordar la violencia sexual. Asimismo, respecto a la violencia contra las mujeres, decir que, a pesar de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, el estado solo ha cumplido con una de las 45 medidas. Reformas legislativas recientes, como la Ley Monzón y la Ley Sabina, representan avances, pero persisten desafíos estructurales. Se destaca la necesidad de priorizar la atención a las violencias y discriminaciones de género, especialmente en niñas, adolescentes y mujeres. Sobre la trata de personas, se identifican pendientes preocupantes, como la falta de emisión del Programa Estatal para la Prevención y Erradicación de los Delitos de Trata de Personas, la falta de sesiones trimestrales de la Comisión Interinstitucional, la ausencia de diagnósticos gubernamentales sobre la trata de personas en la entidad, y la falta de sistematización de información por parte de la Fiscalía General del Estado. Se recomienda sistematizar información, intensificar análisis de contexto, sesionar según lo establecido por ley, emitir programas estatales, elaborar diagnósticos, e impulsar campañas de concientización.

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