26 Al Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. • Respetar y garantizar que nadie sea víctima de ejecución, desaparición, criminalización o agresión, persecución o acoso, por ejercer los derechos a la defensa del territorio o a la libertad de expresión, reunión y asociación en el contexto de manifestaciones y protestas. • Garantizar la existencia de mecanismos que aseguren el ejercicio del derecho al consentimiento informado de los pueblos indígenas, bajo el principio de autodeterminación y autonomía de las personas y comunidades indígenas, en especial, frente a los intentos de interferencia o presión por parte autoridades o instituciones del Estado, así como entes privados. A la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. • Privilegiar el diálogo como respuesta a las protestas, sin hacer uso de la fuerza, y en su caso, garantizar la aplicación de los principios de excepcionalidad, necesidad, progresividad y proporcionalidad. • Garantizar todos los medios para proteger la vida y la integridad física de las personas de actos cometidos por agentes públicos o por terceros. A la Fiscalía General del Estado de Puebla y al Poder Judicial del Estado de Puebla • En los casos relacionados con la criminalización, desaparición o ejecución de personas defensoras del territorio; iniciar inmediatamente una investigación seria, imparcial y efectiva para determinar la verdad, así como el enjuiciamiento y sanción de todos los responsables materiales e intelectuales de los hechos, especialmente cuando estén, o puedan estar, involucrados agentes estatales. • Ante vulneraciones graves a los derechos humanos de defensoras y defensores del territorio, garantizar la evaluación y adopción de medidas de protección de manera diferenciada, asegurando la aplicación de una perspectiva culturalmente adecuada con énfasis en el carácter colectivo de las comunidades y pueblos indígenas.
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