92 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 entorno cercano. Sus huellas se perciben en una sociedad tristemente familiarizada con la ausencia impuesta de forma repentina e inexplicable y con la sensación de que los responsables de las desapariciones quedan impunes (Santacecilia, 2021: Desaparecidos en América Latina: cuando la incertidumbre es tortura). De acuerdo con Naciones Unidas (s/f), las víctimas de desapariciones, al haberlas separado del ámbito protector de la ley y al haber “desaparecido” de la sociedad, son privadas de todos sus derechos; entre los más violentados destacan: • El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. • El derecho a la libertad y seguridad de la persona. • El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. • El derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida. • El derecho a una identidad. • El derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales. • El derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización. • El derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición. De ahí la relevancia y urgencia de una estrategia de búsqueda que garantice los derechos fundamentales. A partir de la serie de afirmaciones que se han expuesto, acopiadas de las experiencias que familiares han compartido en medios de comunicación y otros foros; se pueden inferir las características o elementos indispensables para el diseño de una estrategia integral de búsqueda. En primer lugar, debe colocarse a las víctimas —directas e indirectas— en el centro de todas las acciones. Su bienestar, necesidades y derechos deben ser la máxima prioridad en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Todas las acciones y medidas tomadas en el proceso de búsqueda deben respetar la dignidad humana de las víctimas, asegurándose de no revictimizarlas y de mantener un trato respetuoso en todo momento. Asimismo, la estrategia debe incluir mecanismos efectivos para la investigación y búsqueda de personas desaparecidas. Esto implica el uso adecuado de recursos, la aplicación de tecnología y la coordinación entre las diferentes autoridades competentes. Al respecto, las familias tienen derecho a recibir información oportuna sobre las acciones realizadas en la búsqueda de sus seres queridos. La transparencia en el proceso es esencial para garantizar la confianza y la participación activa de las familias en la búsqueda. Debido a que los familiares de víctimas de desaparición forzada tienen derecho a acceder a la justicia, la estrategia debe garantizar que se respeten sus derechos legales, incluyendo el acceso a la verdad y la reparación. En este sentido, debe haber coordinación entre las diferentes instituciones competentes; deben trabajar en conjunto para garantizar que las acciones sean coherentes y se maximicen los recursos disponibles. Es importante insistir en que la estrategia debe tener en cuenta las particularidades de género; esto es, adoptar medidas específicas para abordar
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