66 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 otros países de la región, por ejemplo, Uruguay, que reportó 55% de mujeres incorporadas a dicho mercado. Después de la pandemia, las mujeres también fueron las más afectadas en cuanto al derecho al trabajo, pues se reportó en ellas una mayor pérdida de empleo durante el 2020, principalmente en perjuicio de aquellas que se ubicaban en el grupo etario entre los 30 y 60 años de edad. En relación con el derecho al trabajo, un aspecto que debe abordarse y analizarse, es que la población femenina en este país tiende a incorporarse en el mercado laboral formal hasta después de cumplir 30 años; antes de esa edad, la mayor parte de las mujeres que trabajan fuera del hogar, lo hacen en el sector informal. De ahí que se advierta una coincidencia entre el cierre del ciclo reproductivo y la búsqueda de oportunidades laborales más estables y formales, lo que evidentemente tiene que ver con las dificultades que se presentan para conciliar las tareas domésticas y de cuidado con las condiciones laborales que imperan en la mayoría de los trabajos. En contrasentido, sigue sin considerarse la importancia que tiene la función del cuidado y la crianza para la sociedad, no sólo por su impacto cultural, sino económico. Es importante revalorizar esta tarea, que casi asumen por completo las mujeres, siendo que su valor económico aporta anualmente un monto de 6.8 billones de pesos, lo que equivale a 26.3% del PIB del país. Ante la falta de políticas públicas que ofrezcan a las mujeres la posibilidad de cuidado confiable para sus hijas e hijos (como guarderías, estancias infantiles o escuelas de tiempo completo), el sector informal es una alternativa para ellas y casi la única opción laboral, sobre todo por la flexibilidad de horarios, ello, aunque sea en perjuicio de las prestaciones laborales e implique un salario más bajo. El que las mujeres se estén incorporando de forma tardía al mercado laboral formal implica que, en el mejor de los casos, se van a jubilar o van a poder tener acceso a una pensión hasta los 70 u 80 años. Estos son aspectos que deben ser considerados en el diseño, implementación y evaluación de las políticas gubernamentales. Finalmente, es importante que hagamos referencia al derecho a la vivienda, partiendo de que el acceso a una vivienda digna se verá directamente afectado por la imposibilidad de autonomía económica asociada al ejercicio de la maternidad. Sólo 33% de las viviendas escrituradas en México están a nombre de una mujer, y seguramente ese porcentaje disminuye en las mujeres que son madres. El recuento que hemos hecho en este apartado nos permite observar que los problemas que enfrentan las mujeres madres son de orden estructural, y por tanto deben considerarse como un problema público. Las dificultades que enfrentan responden a las lógicas de funcionamiento del mundo laboral y económico, por lo que no podemos responsabilizar únicamente a las madres por su falta de autonomía económica o por la imposibilidad de tener mejores condiciones de vida. Claudia Alonso: Sabemos que, a partir de la reforma del 2011, en materia de derechos humanos, se establece que las personas no sólo gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y nuestro marco jurídico nacional, sino también de aquellos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En este sentido,
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