DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 33 familias porque mientras para la autoridad es una cifra más, un expediente más, para las personas es su vida la que se ha roto, sobre todo en los feminicidios, donde el daño es irreparable, donde desafortunadamente no puede haber una restitución de la persona y, por lo tanto, la autoridad debe buscar los métodos, las mejores formas para atender de manera adecuada estas situaciones que ya de por sí son irreparables. Las autoridades son muy indolentes en muchas ocasiones y eso va agravando el daño ocasionado por el hecho victimizante, un perjuicio del estado emocional de las personas y también de su salud, pero que a veces las autoridades quieren que se les demuestre cómo una enfermedad se generó partir de un hecho victimizante a través de un nexo causal. Pero aún no se tiene una metodología a partir de la ciencia que pueda evidenciar ese impacto; espero que algún día se logre. Lo que hemos visto desde la experiencia, es que muchas de las víctimas comienzan a presentar enfermedades o hay un detrimento considerable en su salud a partir del hecho victimizante, como consecuencia del estado emocional permanente en el que se encuentran, no sólo por la pérdida que les significó sino también por ese tratamiento inadecuado por parte de la autoridad, por la angustia de ver que sus casos quedan en la impunidad y que a veces la justicia es la única esperanza que les queda como una forma de resarcir un poco ese daño; y ver que no lo consiguen es algo muy impactante para ellas. En el caso de Mariana, también esto puede observarse, no solamente por el impacto emocional, en el que se somete a las víctimas, sino la angustia provocada por el riesgo de recibir amenazas, de saber que no están seguras, que pueden ser agredidas/os en cualquier momento es un motivo de angustia permanente, de no estar con cierta tranquilidad; si es que puede tenerse tranquilidad en ese tipo de situaciones. Algo que el OCNF se pronunció, ahora al tener esta sentencia condenatoria, fue hacer el recuento de cuántos años costó obtener este resultado, o sea, estamos hablando de un hecho que ocurrió en 2010 y que tuvieron que transcurrir cinco años, o al menos cuatro para que se tuviera esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que es la que le da la segunda oportunidad a la investigación, y que si bien para la segunda investigación, desde mi punto de vista, se hizo en un plazo razonable, es algo que ya no tiene tanto valor cuando haces el recuento total: cinco años para poder obligar a la autoridad para que hiciera bien las cosas en materia de investigación. Pero después vino el poder judicial y estuvimos más de seis años en el proceso judicial, en el juicio, en la etapa de instrucción, desde el 2016 que fue aprehendido el sujeto, hasta marzo de 2023. Es un tiempo bastante amplio y desgastante, además considerando que esos casi siete años acudíamos cada 10 días a audiencia, esperando desahogar las pruebas. En muchas ocasiones no se encontraba a los peritos, a los testigos particularmente de la defensa o a todos los defensores que transitaron durante el proceso. Las autoridades tenían estas estrategias de dilación, de no asistir, de buscar alargar el proceso, de tener diferentes estrategias de hacerse como que no entendían o no habían revisado todo. Pero mientras eso pasaba, el tiempo transcurría, los meses y los años, a tener finalmente un proceso de casi siete años: estar cada 10 días, durante siete años en un juzgado esperando avanzar. Eso creo que definitivamente no es justicia, aun con el buen resultado, nosotras coincidimos en que no es la manera de que el Estado dé respuesta ante estos hechos.
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