32 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 la pareja sobre Mariana, el sentido de propiedad o la manifestación de esta mediante un ejercicio violento. Que él le hubiera tatuado su apellido en la espalda a Mariana, se analizó en los peritajes sociales desde un inicio, pero que jamás se interpretó o se realizó algún acto de investigación adicional a la línea del suicidio que se sustentaba principalmente en los peritajes. Entonces, digamos que es una cadena de irregularidades que tuvieron como consecuencia la sentencia de la SCJN. El mayor resultado de esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia es haber tenido ahora una sentencia condenatoria el 6 de marzo de 2023. Después de muchos años, se confirma de manera científica que Mariana no se suicidó, que fue asesinada y que existía un contexto previo de violencia que es totalmente consistente con la violencia feminicida. Ana Gamboa: Y desafortunadamente, ese contexto de violencia previa y posterior al asesinato deja fuertes impactos en las familias de las víctimas, ¿podrías, por favor, contarnos sobre estos impactos y la importancia del acompañamiento del OCNF en el caso? Ana Yeli Pérez: Un estándar que se establece tanto en la sentencia de Campo Algodonero, como la de Mariana Lima, es que se realicen planes de investigación, algo que no debería ser algo novedoso, pero así es. Y a pesar de ello, nos seguimos encontrando que en la práctica en muchos casos se llevan a cabo a partir de la experiencia de los servidores públicos, pero no a partir de un proceso metodológico. Algo que hace falta, porque realizar las investigaciones en los casos de presuntos suicidios y en casos de violencia contra las mujeres, es la participación de las víctimas, porque además es un elemento del principio de debida diligencia. Las autoridades están obligadas a permitirles su participación y, por supuesto, que en caso de que consideren que hay algo que no es pertinente, se tiene que argumentar porqué no es así; tiene que haber una respuesta lógica a una negativa de lo que las víctimas están solicitando; o sea, al final quienes tienen la experiencia y los conocimientos de la investigación son las autoridades encargadas de ellas, pero las familias tienen información muy valiosa que debe ser considerada y que, repito, en caso de que no sea pertinente, o que incluso a veces ya no se pueda incluir algún elemento porque que no se cumplió, se les debe de explicar a las víctimas. Pero la regla general es que las familias participen en la investigación porque es un derecho de las víctimas y una obligación garantizar ese derecho por parte de las autoridades En el caso de Mariana, la familia tenía muchísima información relacionada al contexto de violencia, a una línea de investigación particular, y la autoridad fue omisa en atender no solamente las peticiones, sino en agotar esa línea de investigación de manera oficiosa ante la información que tenía a la vista. Estas deficiencias impactan en que pueden ser más tardadas las investigaciones o infructuosas, o quedan en la impunidad, pero también en el trato que se les da a las víctimas desde el primer momento; cuando es inadecuado, lo cual ocurre en muchas ocasiones, se agrava el daño que ya de por sí las familias tienen por la pérdida de sus hijas o por la violencia a la que sobreviven las mujeres y el tratamiento que da la autoridad frente a los casos es de indiferencia, de que no le importa y/o no le toma la relevancia adecuada al asunto, lo que va generando un desgaste emocional profundo en las
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