156 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud (DOF, 12 de abril de 2019). El argumento de la exposición de motivos de dicha reforma se sustenta principalmente en el incremento de la comisión de delitos, el número de víctimas y el impacto económico que representa para nuestro país. Lo cual no justifica de forma alguna la contradicción con estándares internacionales; violación de los tratados internacionales sobre derechos humanos de los cuales el Estado mexicano es parte y, sobre todo, que dicha medida tiene un carácter punitivo anticipado. La prisión preventiva oficiosa es una figura incompatible e irreconciliable con las normas internacionales de derechos humanos. Su vigencia es contraria al carácter excepcional de la prisión preventiva, trastoca la naturaleza procesal de la medida cautelar y lesiona los derechos a la libertad personal y el debido proceso, al tiempo que compromete otros derechos básicos como el relativo a la integridad personal. La prisión preventiva oficiosa trastoca y corrompe los fundamentos del sistema de justicia penal acusatorio, vulnera la independencia judicial, a la vez constituye una salida falsa que atenta contra los principios del paradigma de seguridad ciudadana. La ONU-DH insta al Congreso de la Unión a abolir la prisión preventiva oficiosa y a rechazar las iniciativas que aspiran a ampliar los supuestos de procedencia previstos en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional (Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2018). Es de hacer notar, que en el debate de la cámara de diputados se ventiló el retroceso y violación no sólo a derechos humanos sino el incumplimiento a los tratados internacionales de los que México es parte. Sin embargo, por mayoría avalada por 377 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, se aprobó en los términos propuestos la reforma al párrafo segundo del artículo 19 constitucional. Lo cual revela que en nuestro país la obligación de respetar los derechos humanos y la obligación de ejercer el control de convencionalidad de las autoridades de todos los órganos del Estado no se cumplen, ya que las reformas y adiciones a la Constitución obedecen a intereses políticos del partido en el poder y de sus fallidas políticas públicas. Así, se publicó en la gaceta de la cámara de diputados, la exposición de motivos que llevaron a aprobar la reforma en los términos señalados: Los delitos que se adicionan son de alto impacto y de grave afectación a la vida, dignidad y patrimonio de las personas, además que responden al reclamo de acabar con la corrupción y la impunidad. Se busca prevenir y, en su caso, sancionar conductas graves e ilícitos que vulneran la seguridad del Estado mexicano, que menoscaban el patrimonio de las familias, que dañan a la niñez mexicana y que atentan contra la vida de las mujeres.
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