DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 15 propio bienestar y de su propio destino. Es necesario fortalecer nuevamente la agricultura, el cooperativismo y el sentido de identidad salvadoreña fuera de todo el contexto de violencia que se ha venido agravando desde antes de la guerra civil, a través de diversos gobiernos que han usado la represión para defender los intereses de una élite poderosa y para someter los intereses de la población salvadoreña a los de esa élite. Las maras y pandillas fueron un intento de reconstrucción del tejido social, pero marcado muy fuertemente por la violencia y el resentimiento que dejó la guerra civil en la sociedad salvadoreña. Es interesante que este fenómeno se reprodujera también en Honduras y Guatemala, sociedades que también tienen un tejido social muy resquebrajado por la pobreza, la represión del Estado, la migración, la fragmentación y desintegración familiar. La situación de violencia, no sólo en El Salvador sino en todo el Triángulo Norte de Centroamérica, ha dejado a la población con desconfianza de la defensa de los derechos humanos, porque muchas veces toca defender los derechos de los pandilleros y sus familias, quienes han sido sujetos a mucha represión, pero muy poco a programas de reinserción y rehabilitación por parte del Estado. Muchas veces rehabilitar y reinsertar pandilleros implica también estar dispuestos a hacer cambios sociales significativos a través de programas y proyectos que permitan que los miembros de maras o pandillas, y sus familias, puedan acceder a mejores oportunidades de estudio y trabajo, cuestiones que los gobiernos excesivamente corruptos, que suelen tener países como El Salvador, no pueden financiar ni con cooperación internacional. Se han dado programas por parte de varios gobiernos dirigidos a la reinserción y rehabilitación, pero con resultados insuficientes para representar un cambio significativo en la sociedad salvadoreña, por lo que la población ha terminado desconfiando de ellos. El hecho de que varios gobiernos, como el de Mauricio Funes, y exfuncionarios públicos como los exalcaldes de San Salvador, Ernesto Muyshondt y Norman Quijano, negociaron de manera irregular y oscura con maras y pandillas, ha dejado una fuerte desconfianza de la población con respecto al diálogo y las soluciones pacíficas al problema de la violencia en El Salvador. También el presidente Bukele tuvo que negociar con las maras y pandillas, como lo demostró en varias ocasiones El Faro, pero el presidente Bukele ha logrado que la población se olvide de ello con su política de represión y régimen de excepción permanente. En El Salvador hay una población que ataca a los defensores de los derechos humanos de las maras y pandillas, porque el presidente los ve como críticos de sus políticas y los acusa de ser aliados de la delincuencia. Este discurso ha hecho que se estigmatice la defensa de los derechos humanos de una manera muy generalizada. El presidente Bukele suele exacerbar estas actitudes a través de redes sociales, atacando a periodistas y defensores de derechos que cuestionan su política represiva de seguridad, que solamente contempla reprimir y casi nada o nada la reinserción y rehabilitación, ya que Bukele es un presidente populista, que se beneficia de que sus políticas se apeguen al gusto del menor denominador común, que piensa que matando a todos los pandilleros ya se resuelve el problema de la violencia en El Salvador y que los únicos
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