140 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2022 Desde hace más de una década, la periodista Lydia Cacho (2005) —entre otras investigadoras— ha documentado y difundido con gran éxito información relevante sobre la violencia de género que prevalece, por razones estructurales, en la Riviera Maya. Gasparello (2020), en un texto ya antes referido, muestra información que es resultado de un seguimiento de años por parte de distintas organizaciones: La metodología utilizada por el Índice de Paz agrupa en la tipología de “crímenes de la delincuencia organizada” los delitos relacionados con el tráfico de drogas, las extorsiones, el secuestro y la trata de personas. En este último ámbito, Quintana Roo tuvo en 2019 la segunda tasa de secuestro y trata de personas más alta de México (aumentó 176% respecto del 2015), vinculada con el impulso a la explotación del trabajo sexual por las organizaciones que controlan clubes nocturnos y prostíbulos, atracción para el turismo sexual (2020: 169). Continúa más adelante: Según Negrete, representante en México del organismo Fin de la Prostitución, Pornografía y Trata de Niños y Adolescentes con Fines Sexuales (ECPAT, por sus siglas en inglés), México es el país americano con más elevada incidencia de explotación sexual en menores, actividad vinculada con el turismo sexual; en tal contexto destaca Quintana Roo, entidad donde se calcula que entre 30% y 40% de los explotados sexualmente son menores. Según la investigadora, “Cancún es visto a nivel nacional e internacional como un paraíso sexual”; asimismo, también Mahahual y Bacalar se consideran importantes destinos de turismo sexual (2020: 189). No podemos dejar de recordar que una de las preguntas que se hicieron en Tunkas, durante la asamblea informativa, fue si existían estudios sociológicos para implementar el Tren Maya, a lo cual el representante de Fonatur respondió que no. Investigadoras e investigadores han insistido en el mismo punto, la falta de estudios antropológicos y culturales que pongan sobre la mesa los riesgos previsibles para la vida de las comunidades indígenas y, en el presente ensayo, llamamos la atención específicamente sobre los riesgos del incremento de la violencia de género ante la expansión de la economía turística. IV. CONCLUSIONES La construcción del Tren Maya y de todas las megaobras que lo acompañan, como el Corredor Transístmico ubicado en el Istmo de Tehuantepec, tienen el objetivo de modificar de manera radical el territorio y las formas de vida de las comunidades indígenas y no indígenas de la región. La posición mediática y discursiva del gobierno es que se trata de un programa casi altruista para sacar de la pobreza a la población de la Península de Yucatán y el Sureste de México; sin embargo, una aproximación mínimamente documentada al fenómeno revela que este proyecto no está pensado desde la atención a los derechos humanos de las personas, ni desde la justicia social como lo proclama el presidente: son otros los intereses económicos y políticos que movilizan este proyecto. Evaluar el megaproyecto desde la perspectiva de género permite observar que detrás de la promesa gubernamental de generación de empleo a partir del turismo, está la extensión de un modelo económico que niega derechos y profundiza la explotación y las violencias extremas en contra de las mujeres y los menores. No es posible desvincular el contenido del proyecto de los medios que ha empleado el gobierno para legitimarlo. Hemos visto a lo largo de este ensayo que la consulta indígena no fue un auténtico espacio de información, razonamiento y decisión, caracterizado por la buena fe del gobierno como lo exigen los estándares internacionales. Siguiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2022), ese principio “consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto”,
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